Este viernes el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), hará entrega formal del certificado que acredita al Sistema Normativo del Pueblo Wayúu de Venezuela aplicado por el Putchipü’u (Portador de la Palabra) como Bien de Interés Cultural de la nación. La actividad está prevista para las 2:00 p.m. en el auditorio de la Villa Santa Inés, ubicada en Caño Amarillo, informó el presidente del IPC, Omar Vielma, quien destacó que esta declaratoria obedece al alto valor cultural en las formas de vida tangibles e intangibles; así como por el gran aporte que estos ofrecen al sistema de justicia dentro de las jurisdicciones indígenas venezolanas, para la resolución de conflictos mediante la adopción de mecanismos consensuados de diálogo.
Texto: Prensa IPC
En ese sentido, se protege dentro del Sistema Normativo del Pueblo Wayúu, la concepción de justicia criminal basada en los siguientes principios: 1. Kasaichiki: conflicto producido por un acto de naturaleza criminal, el cual ocurre cuando se transgreden los principios del Wayuuwaa; 2. Asuruu: persona que ha sido objeto de un daño material (víctima); 3. Maünna: entrega de una indemnización dentro de un principio de compensación; 4. Pütchi (la palabra) y Putchipü’u, persona encargada de ser intermediario entre las partes en conflicto.
Vielma ratificó que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable para los venezolanos y que es deber del Estado fomentar y garantizar la protección y salvaguarda de los mismos, así como la memoria histórica de la nación, por lo que se crea el Consejo de Salvaguardia del Sistema Normativo del Pueblo Wayúu de Venezuela por el Putchipü’u, que con la participación de las comunidades indígenas, autoridades legítimas, organizaciones, movimientos sociales, culturales y políticas, de cultores y maestros de tradición garanticen la transmisión y sustentabilidad de ese bien de interés cultural.
Finalmente, con esta declaratoria quedan obligados todos los ciudadanos y autoridades públicas y privadas, a una participación activa, en pro de la defensa y conservación de los saberes y conocimientos tradicionales indígenas de este sistema normativo.