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Desde el Palacio de Zarzuela se comunicó este lunes la decisión del monarca emérito de abandonar España después de que lleven semanas saliendo a la luz detalles de su fortuna opaca. Juan Carlos I no niega los hechos que achaca a su vida privada ni tampoco renuncia a su título.
Texto: Público.es
El rey emérito Juan Carlos I, cercado por la Justicia, huyó de España. Este lunes se informó formalmente su decisión, ya ejecutada, de marcharse del país. “Es una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad”, explica en un comunicado que ha visto la luz este lunes después de semanas en las que no han dejado de ver la luz numerosos detalles de la fortuna opaca del que fuera Jefe de Estado. El emérito ya se encuentra fuera de España aunque desde la sede monárquica no se ha desvelado, por ahora, el país en el que residirá.
Juan Carlos I ha justificado su decisión en “contribuir a facilitar el ejercicio” de las funciones de su hijo como Jefe de Estado “ante la repercusión pública que está generando ciertos acontecimientos pasados” de su vida privada que no niega en el comunicado. Pero lo cierto es que el emérito ha salido del país cercado por la Justicia, a un paso del banquillo y tras semanas de que salgan a la luz trapos sucios de su pasado. Zarzuela ha informado también de que Felipe VI ha acogido esta noticia con “sentido respeto y agradecimiento”.
Numerosos detalles de los negocios opacos del emérito durante su reinado han salpicado a la Casa Real en los últimos días. Ilustrativo de estos es que se haya sabido que Juan Carlos I metió en España miles de euros en billetes por avión y tenía una máquina de contar dinero en Zarzuela.
En la actualidad también ha aparecido el nombre de su examante Corinna Larsen, a la que Juan Carlos I reclamó los 65 millones de euros después de abdicar y que ha sido citada a declarar por el juez del Caso Villarejo. Larsen dijo sobre el emérito que este “se muere por el dinero”, según confesó en 2016 al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Sin embargo y a pesar de este último movimiento, Juan Carlos I ya rechazó renunciar a su título de rey emérito como pretendía Zarzuela. Por su parte, el Gobierno guarda silencio sobre si revocará ese tratamiento con un decreto.
Los escándalos del rey
Juan Carlos I es el único monarca europeo salpicado directamente por casos de corrupción. La Fiscalía del Supremo está esperando las pruebas de un supuesto delito de blanqueo de capitales agravado del rey emérito por los supuestos delitos relacionados con los pagos tras la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a La Meca. La inviolabilidad de la que gozó el emérito hasta el el 19 de junio de 2014, fecha de su abdicación, hace que los delitos, si existieron, sean calculados a partir de su renuncia al trono porque antes era inimputable.
En este caso, el Ministerio Público está a la espera de recibir la documentación del fiscal del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, para determinar el alcance de una investigación penal ya que ha sido un fiscal suizo el que ha reunido pruebas de un supuesto delito.
Además, el fiscal suizo también investiga una transferencia de 3,5 millones de la cuenta del rey Juan Carlos al paraíso fiscal de Bahamas de la que la principal receptora del dinero habría sido Corinna Larsen. La cuenta del rey Juan Carlos en Suiza fue abierta en 2008 y cerrada en 2012, tras el accidente en Botswana y en los años más duros de la crisis, cuando el emérito sacaba 100.000 euros al mes de su fortuna secreta y sólo en 2010 sacó 1,5 millones.
Esta cuenta en Suiza fue creada por el gestor de fortunas Arturo Fasana y el abogado suizo Dante Canónica tras el encargo de Juan Carlos I, que pidió que le crearan “una estructura” para ocultar a Hacienda una “importante donación” que iba a recibir del rey de Arabia Saudí y que, finalmente, fueron 100 millones de dólares. Donación por la que los técnicos de Hacienda estiman que Juan Carlos I debería haber pagado 52 millones de euros al fisco. Así, las diligencias de la Fiscalía del Supremo abarcan además una investigación para responder si el jefe del Estado incumplió sus obligaciones fiscales.