El Senado de Brasil aprobó este jueves el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, lo que implica la suspensión de su cargo durante seis meses, un hecho sin precedentes que, para las fuerzas progresistas de la región, se convierte en un golpe a la democracia brasileña debido a que la mandataria es acusada sin pruebas. La aprobación se dio con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado), lo que significa que por mayoría se tomó la decisión. Cada senador tuvo 10 minutos para ejercer su derecho de palabra antes de votar.
Texto: Télam y Telesur
Minutos después de las 6.30 de la mañana del jueves, 55 senadores votaron a favor de juzgar a la mandataria y 22 en contra, en tanto tres estuvieron ausentes y el presidente del cuerpo, Renan Calheiros, no votó.
La votación tuvo lugar al cabo de una sesión que duró más de 18 horas, en la que hicieron uso de la palabra 71 de los 81 miembros totales de la Cámara alta y finalmente intervino el abogado general del gobierno, José Eduardo Cardozo, en defensa de Rousseff.
Cardozo declaró que “este juicio político no se justifica. La defensa de Dilma Rousseff afirma que no hay crimen de responsabilidad contra la mandataria”. Aseguró que “quiere construirse una fantasía retórica para destruir a una presidenta legítima. Hay un golpe con derecho a la defensa”.
De acuerdo con la legislación vigente, Rousseff dejará su cargo hoy mismo por un plazo máximo de 180 días, el mismo que tendrá el Senado para realizar el juicio, que será presidido por el titular del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), Ricardo Lewandowski.
En su cuenta en Facebook, Rousseff publicó un video con la intervención del ministro Cardozo y tituló la publicación ‘Se está cometiendo una injusticia histórica’. Citando las palabras de Cardozo, dijo que se está “intentando alejar del poder a una presidente legítimamente elegida en una injusticia histórica”.
Aunque la decisión de los senadores fue precedida por una tensa vigilia, ya desde ayer se daba por hecho el resultado que finalmente se produjo. La propia mandataria retiró anoche sus pertenencias del despacho del tercer piso del Planalto, incluidos sus libros y las fotos de su hija y sus nietos. Anteriormente se había anunciado que, al menos durante los primeros días, permanecerá en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial del presidente.
También se anunció que en el momento de notificarse de la decisión, Rousseff recibirá a su antecesor y líder partidario, Luiz Inácio Lula da Silva, y hará una declaración a la prensa, mientras en las redes sociales se difundirá un video que grabó anoche, en el que reitera que su juicio político es la expresión de un “golpe de estado”.
Rousseff firmará el acta de notificación del resultado de la votación a las 10, en el despacho principal del palacio presidencial del Planalto, y una hora más tarde asumirá el gobierno el vicepresidente Michel Temer, informó la agencia noticiosa estatal ABR.
¿Qué pasa ahora?
A partir de ahora, queda a cargo del país el vicepresidente Michel Temer, uno de los impulsores, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del juicio político contra Rousseff. Si durante el juicio, que iniciará a mediados de mayo, se le considera inocente, la presidenta Dilma Rousseff podrá retomar sus funciones con pleno derecho y total normalidad.
Si Rousseff fuera destituida ―para lo que se precisará ya una mayoría calificada de dos tercios del total de los senadores y no solo una mayoría simple, como sucedió hoy―, la presidenta será reemplazada hasta el fin de su mandato en 2018 por Temer, contra quien la Corte Suprema pidió también un proceso de impeachment. Temer pertenece al partido centrista Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que rompió su alianza con el Partido de los Trabajadores (PT).
Temer desde hace meses ya venía preparando un proyecto de Gobierno abiertamente neoliberal.
El inicio de juicio político contra la jefa de Estado -sin contar hasta ahora con un sólo elemento de violación de ley- es un claro indicio de que se entierra el modelo de democracia representativa y se suplanta por un gobierno de los monopolios y grupos financieros. Este sería el segundo juicio de destitución en Brasil desde el fin del régimen militar (1964-85). El primero le costó el cargo al presidente liberal Fernando Collor en 1992.
La mandataria dará un mensaje a la nación este jueves a las 10H00 locales (13H00 GMT). A partir de este jueves, Rousseff dejará el Palacio del Planalto (sede del gobierno) y se dirigirá al Palacio de Alvorada, la residencia oficial, desde donde preparará su defensa.
En contexto
El pasado 17 de abril la Cámara de Diputados aprobó el pedido de juicio político con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausencias. La solicitud pasó a ser analizada por una comisión especial de 21 senadores que el 6 de mayo aprobó con 15 votos a favor el informe de su relator, Antonio Anastasia, quien recomendó que el proceso avance hacia una probable destitución.
Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) para impedir que se mantengan al frente del Gobierno.
La acusación central de la oposición contra Rousseff para justificar un juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas contra la mandataria brasileña, quien ha reiterado su inocencia.
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