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Desde el pasado 12 de agosto, fecha en que se implementó la medida de restricciones horarias de la frontera colombo-venezolana, hasta la actualidad, el Ministerio Público (MP) ha logrado medidas privativas de libertad para 133 de 183 personas detenidas por presuntamente incurrir en delitos de contrabando de productos de la cesta básica, combustible y material estratégico. Así lo dio a conocer la directora general contra la Delincuencia Organizada, Yurima Gil Trías, en el programa En sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela.
Texto: CiudadCCS
La funcionaria explicó que del resto de esas detenciones ocurridas en Apure, Táchira y Zulia, se dictaron 42 medidas cautelares, se otorgó libertad plena a una persona y faltan siete por presentar ante los respectivos tribunales de control, refiere nota de prensa del MP.
GUARDIAS NACIONALES DETENIDOS
Adicionalmente, informó que a tempranas horas de ayer se logró la aprehensión de 15 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Táchira, quienes habrían habilitado una trocha, destruida recientemente, la cual estaría destinada al paso ilegal de vehículos hacia Colombia.
Informó que estas acciones responden a la lucha emprendida por el Estado venezolano y el MP con el propósito de atacar el contrabando, flagelo que va en detrimento de la seguridad alimentaria y económica de todos los ciudadanos.
Es por ello que en un trabajo conjunto con la Coordinación de Delitos Fronterizos de la institución, se supervisan las actuaciones de los 44 fiscales nacionales y regionales que fueron comisionados para investigar estos casos.
Gil Trías informó que además de solicitar la medida privativa de libertad para aquellos que incurran en los delitos, el Ministerio Público ha requerido a los tribunales de control que se apliquen medidas asegurativas, las cuales contemplan la incautación de bienes utilizados para el contrabando, la inmovilización de cuentas bancarias y bloqueo temporal del chip para la obtención del combustible.
La funcionaria agregó que se tiene previsto ampliar la cantidad de fiscales comisionados, para dar respuesta oportuna en otros estados donde se detecten actividades delictivas.