Disminuirán las colas y la burocracia gracias a Ley de Interoperabilidad y el software libre

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De cómo una ley, de ser correctamente aplicada, podría cambiar para siempre el Estado, eliminar la mayor parte de las colas, los gestores, los requisitos y la burocracia, simplemente haciendo lo obvio: interconectando los entes públicos entre sí para que compartan la información entre ellos, para que no tengas que buscar la solvencia laboral, el RIF, la partida de nacimiento, las notas certificadas, el acta de matrimonio y tantos otros requisitos en lugares distintos. Y lo mejor: se hará con Software Libre. José Sosa, presidente del CNTI, nos explica cómo se hará todo esto.

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Texto: Luigino Bracci Roa, Alba Ciudad

Lo hemos vivido en carne propia: para sacar un título, inscribirse en la universidad, sacar la cédula del niño, pedir una constancia, solicitar la pensión de la abuela, pagar impuestos, viajar o sacar la solvencia laboral. La lista de requisitos es grande: cédula, RIF, partida de nacimiento, fe de vida, notas certificadas, solvencias, títulos. Y no te queda otra sino pararte a las 3 de la mañana, hacer largas colas, pagar a algún gestor o viajar al pueblo donde vivías hace 30 años. Cuando llevas 4 horas en una larga cola, es inevitable pensar: “¿es que los entes públicos son enemigos unos de otros? ¿Están peleados? ¿Por qué mi universidad no puede conectarse al Ministerio de Educación y leer mis notas certificadas desde allí? ¿Por qué no descargan mi partida de nacimiento desde el SAIME? ¿O mi RIF desde el Seniat? ¿O se conectan a la alcaldía y le piden mi constancia de residencia? ¿Por qué tengo que hacer esto yo? ¿No es trabajo de ellos? Si todos usan computadoras, ¿por qué no están interconectados? ¿Por qué no comparten la información entre sí?”

La Ley sobre el Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los órganos del Estado, mejor conocida como Ley de Interoperabilidad, fue una de las 11 leyes aprobadas por el Presidente Chávez a través de su Ley Habilitante el 15 de junio. Y busca justamente resolver esos problemas usando software libre y estándares abiertos, en un proceso que afectará a 3 mil entes públicos y que sin duda será largo, pero que deberá traer una vida mucho más cómoda al pueblo venezolano a la hora de efectuar diligencias.

Entrevistamos el pasado viernes a José Sosa, una de las personas que trabajó más duro en esta ley, propuesta por los ministros Jorge Arreaza y Ricardo Menéndez. Sosa es presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) y el Centro Nacional de Innovación Tecnológica (Cenit), ambos antes adscritos a Ciencia y Tecnología. En el programa “Cópiate esta Radio” de Alba Ciudad, Sosa nos explicó que la ley busca “que los procesos que se realizan en cada institución no requerirán en el futuro de información que le se solicite a los ciudadanos, sino que la pueden obtener de aquellas instituciones que la generaron. El efecto de la Ley de Interoperabilidad en el tiempo será la simplificación de los trámites administrativos, la reducción de la cantidad de requisitos para cada trámite y la transparencia en los procesos de la gestión pública”. Se espera reducir la corrupción en muchos casos, al eliminar los gestores.

“El tiempo que pierde la gente para hacer cualquier trámite en el Estado se debe a los otros trámites que deben hacer para obtener los requisitos que se piden. Eso a veces significa colas, gestores, taquillas, problemas, retrasos, etcétera. Estos requisitos sobrecargan al ciudadano con mucho trabajo, que debería corresponder a las propias instituciones públicas”, indicó.

Sosa dio numerosos ejemplos de como esta Ley, una vez implementada, cambiará la vida de los venezolanos al evitar que el Estado dejen de pedirnos papeles o solvencias que otros entes del Estado tienen almacenada.

“Por ejemplo, casi todos los trámites que tienen que ver con empresas solicitan la solvencia laboral, que la emite el Ministerio del Trabajo. Si tenemos interoperabilidad, todas las instituciones públicas que hacen alguna gestión con empresas podrían tomar las solvencias laborales directamente del MinTrabajo en formato electrónico, a través de un mecanismo estándar. Eso significa que no se le va a solicitar la solvencia a las empresas; sólo se les solicitará estar solvente, es decir, hacer sus pagos a tiempo en el MinTrabajo, Inces, Banhavit, etc.”

“Cosas como el nombre completo, el apellido y ese tipo de datos se requieren en la totalidad de las planillas electrónicas que se llenan por Internet para cualquier trámite. No tiene sentido preguntar nombres y apellidos vez tras vez, cuando el propio SAIME te puede dar toda esa información con solamente el número de cédula de identidad. Quienes han viajado en avión, saben la cantidad de planillitas que hay que llenar una y otra vez, y siempre se tiene que colocar la misma información. Son las cosas que se pueden resumir simplemente facilitando a las instituciones a que intercambien la información de manera electrónica”.

Compartir la información entre entes del Estado

La interoperabilidad no plantea que todos los entes públicos unan sus bases de datos en un sólo lugar, sino la creación de una plataforma tecnológica que permita a cada institución el intercambiar su información con otras instituciones públicas. “Se instrumenta ese intercambio a través de la definición de estándares”, es decir, el lenguaje común que deben utilizar todas las instituciones públicas para intercambiar información entre sí.

La ley exige el uso de estándares abiertos, que no están atados a una empresa o producto comercial en particular, y pueden usarse libremente sin el pago de regalías o licencias. Igualmente, exige el uso de software libre para la plataforma de interoperabilidad, siendo la primera ley que así lo exige, específicamente en su artículo 35.

Al respecto, Sosa dijo que “es que no podría ser de otra forma. La única manera en la que puedas controlar y garantizar el acceso y la apropiación del conocimiento, y el garantizarle a todas las instituciones públicas que aprendan a utilizar esta tecnología, es que las tecnologías sean libres y los estándares sean abiertos. Cualquier decisión que vaya en contra de eso sería perjudicial para el propio Estado y para el logro del objetivo”.

La ley también plantea el uso de firmas digitales y otros medios informáticos para lograr que el documento físico o en papel sea, en la mayor parte de los casos, innecesario.

Privacidad

Sobre temores con la privacidad de los datos de las personas, Sosa explicó que “no se decreta que la información de las personas vaya a ser pública. Eso es un tema completamente diferente, que tiene que manejarse a nivel de la Asamblea (Nacional)”.

“Hay información que sólo puede ser utilizada por ciertas instituciones públicas; por ejemplo, hay información confidencial que sólo puede ser utilizada por órganos de seguridad del Estado”. Indicó que “no todo tipo de información puede ser intercambiada. Depende de quién la está solicitando y para qué, siempre respetando la integridad moral y física de las personas. Habrá datos que sólo ciertas instituciones puedan compartir o utilizar”.

Sin embargo, fue claso en indicar que “todas las instituciones públicas están en obligación de intercambiar la información”.

Dos años para comenzar

Está planteado un período de tiempo en el cual se establezcan los estándares y plataformas tecnológicas, y dentro de dos años (contados desde la publicación de la ley), las instituciones estarán en la obligación de comenzar el intercambio de los datos.

La ley plantea un comité estratégico a nivel de alto gobierno, presidido por un representante del Vicepresidente, “que indicará las políticas de cómo aplicarse la interoperabilidad a nivel nacional. La Ley se aplica en toda la administración pública nacional, estadal y municipal, además de todos los poderes públicos”, explicó Sosa. “Al tener ese nivel, cualquier conflicto entre dos instituciones por el intercambio de algún dato se dirime a nivel de Vicepresidencia y de ese comité”. Cuando existan problemas del punto de vista legal sobre si se puede compartir determinado dato, el comité estratégico tomará las decisiones.

A nivel táctico, el Ministerio de Ciencia y Tecnología definirá cómo se implementarán los proyectos.

Operador de interoperabilidad, por definirse

Además de eso, la ley define que un ente del Estado, denominado “operador de interoperabilidad”, se encargará de la ejecución de los proyectos, gestionar la plataforma tecnológica y los procedimientos para compartir los datos.

Aún no se ha definido cuál ente será el operador de interoperabilidad. “A partir de la promulgación de la ley, comenzamos a trabajar para la formulación de todos los proyectos para buscar el financiamiento para la procura de la plataforma tecnológica y para todos los desarrollos que venimos haciendo desde el año pasado, relacionados con interoperabilidad. Luego de de que eso esté definido, será la potestad del Presidente definir cuál ente será operador de interoperabilidad, o si se creará uno nuevo”.

Para la interoperabilidad, las instituciones públicas no harán convenios bilaterales, sino con el operador de interoperabilidad. “El Estado venezolano tiene más de 3 mil instituciones públicas… si exigimos que firmen convenios todas contra todas, habría que firmar millones y millones de convenios. Con un operador intermediario con quienes se firmen los acuerdos, éstos se firmarán con una sola institución, y sólo habrá un lugar donde buscar la información, independientemente de que ese lugar busque la información en otra parte”.

En cuanto a la ayuda que se brindará a las instituciones para crear las aplicaciones de interoperabilidad, dijo Sosa que “se van a comenzar a generar soluciones de uso general. Probablemente cada institución tendrá que desarrollar una parte específica de la incorporación de sus sistemas a la plataforma de interoperabilidad, pero ya comenzamos el año pasado a abrir cursos sobre interoperabilidad a nivel gerencial y decisor. Hemos desarrollado ‘cayapas’ técnicas en las que técnicos y programadores de varias instituciones han promovido ideas sobre interoperabilidad. Incluso ya existen algunas soluciones interesantes en algunos entes, como el Ministerio de Salud, Saime, el Servicio Nacional de Contratistas, Seniat, etc. Estas soluciones son muy rápidas de desarrollar y requieren una formación tecnológica que es fácilmente manejable. Estamos preparando el material instruccional y pedagógico para los cursos, como los planes para llevar adelante estos cursos de manera casi inmediata”.

Deberán acatar

Le preguntamos si podría haber casos de instituciones que se nieguen a instituciones que se nieguen a intercambiar información, o a usar software libre y estándares abiertos. “Seguramente se presentarán casos, pero cuando el comité estratégico tome decisiones en ese tipo de conflictos, las instituciones estarán en la obligación de acatar”, y este ente tiene nivel de competencia sobre todas las instituciones públicas.

Independientemente de lo que estén usando internamente las instituciones, “los desarrollos de interoperabilidad y los protocolos de intercambio de información sólo pueden ser abiertos, y los sistemas deben ser libres. Cuando se desarrolle o actualice una plataforma tecnológica para establecer intercambio de información, cada institución tiene que apegarse a las condiciones técnicas del intercambio y no a las condiciones de la institución”.

Recalcó Sosa que “todas las personas que han leído la ley han entendido la importancia que tiene. Es uno de los primeros pasos para dar una optimización real y efectiva del gobierno y del Estado venezoalno. Vendrán nuevos pasos, pero éste tendremos que cumplirlo de manera cabal y completa pues tendrá un impacto grande e importante en toda la población venezolana”.

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