Las autoridades de la UCV insisten en colocar portones para aislar aún más a la comunidad universitaria (Foto: ABN)
Héctor Torres, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), desmintió a la rectora Cecilia García Arocha, quien habría descontextualizado un oficio y un informe técnico para asegurar que el IPC “no le ha prohibido” colocar los portones. Todo lo contrario, Torres enfatizó que el ente que preside en ningún momento ha autorizado la colocación de portones en las entradas de la universidad. Igualmente, hizo un llamado a la ciudadanía a defender el patrimonio de la Casa de Estudios, que pertenece a todos los ciudadanos. “Impedir la ejecución de obras no autorizadas por el IPC es actuar en defensa del Patrimonio”, aclaró.
Escuche la entrevista en Cultura al Día:
Declaraciones de Héctor Torres, presidente del IPC
Texto: Alba Ciudad y Prensa MPPC
A través de un anuncio en la prensa nacional, el Instituto de Patrimonio Cultural desmintió a la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, quien ha asegurado a través de medios de comunicación que el Instituto del Patrimonio Cultural supuestamente “no ha prohibido” la instalación de los portones de seguridad en las entradas de la UCV.
“La rectora y las autoridades de la universidad han manipulado el contenido de un oficio y de un informe técnico, extrayendo una cita textual que ellos atribuyen al oficio, pero que es del informe técnico”, explicó Torres, entrevistado en el noticiero “Cultura al Día” de Alba Ciudad.
El presidente del IPC indicó que “ese informe es de dos páginas”, del cual toman una cita y “la extraen de su contexto, sin hablar de lo demás. Es una manipulación burda del contenido del mismo. Es un informe de observaciones que ellos tenían que subsanar en los proyectos para volver a presentarlos al instituto y solicitar la autorización. Esto no ha sucedido. Ellos no han subsanado estas observaciones ni han presentado los proyectos nuevamente, por lo queno hay autorización”.
Es un problema de todas y de todos
Torres indicó que toda la comunidad venezolana, y no sólo los ucevistas, deben defender el patrimonio de la UCV de modificaciones no autorizadas. “La UCV, debido a su declaratoria como monumento nacional, transciende a la comunidad universitaria. Entonces el llamado es para la ciudadanía en general a defender el patrimonio, como lo establece el artículo 44 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, que establece la corresponsabilidad de los ciudadanos y el deber de defender el Patrimonio por parte de los ciudadanos. Impedir la ejecución de obras no autorizadas por el IPC es actuar en defensa del Patrimonio”.
El artículo 44 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, aprobada en 1993, reza:
“Quedan obligados a una participación activa en pro de la defensa, rescate y conservación del Patrimonio Cultural de la República todos los ciudadanos que habiten en su territorio. Será penado con dos (2) a cuatro (4) años de prisión quien destruya, deteriore o dañe cualesquiera de los bienes establecidos en los artículos 2° y 6° de esta Ley”.
Jessiel Reyes inició una huelga de hambre la semana pasada en protesta por la apertura de expedientes contra él y otros estudiantes, por protestar contra los portones (Foto: Contraataque, Alba Ciudad)
Actualmente, nueve estudiantes de la casa de estudios tienen expedientes abiertos por haber protestado y haber tomado acciones en contra de la instalación de los portones, y son amenazados de expulsión. Uno de ellos, Jessiel Reyes, inició una huelga de hambre la semana pasada, en protesta por las acciones en su contra.
García Arocha también planteó la posibilidad de realizar un referendo interno, únicamente a la comunidad universitaria, para decidir sobre el tema de los portones. Torres comparó eso con el intento de la oposición en 2003 de crear un referendo consultivo para convertirlo en revocatorio; “no se puede usar una consultapara violar la ley”, explicó Torres.
La manipulación de Arocha
Las afirmaciones de la rectora se basan en una cita “textual” del oficio 0002165 del IPC, de fecha 6 de agosto de 2009, que reza: “No obstante y de tratarse de terrenos pertenecientes al complejo de la Ciudad Universitaria, no observamos inconvenientes en proceder a su cercado por motivos de seguridad”.
El IPC informa, en el comunicado emitido este jueves, que la frase citada por la rectora no forma parte del referido oficio, sino de un informe anexo suscrito por un técnico que “no posee las facultades para establecer la posición de este instituto al respecto”. Asimismo, el IPC aclara que el informe del que se extrae la referida cita tiene un sentido distinto a la interpretación hecha por la rectora, por lo que su verdadero propósito era transmitir observaciones a los proyectos presentados por dicha casa de estudios.
Seguidamente, el instituto explica que cualquier acción para instalar los portones de seguridad en la Ciudad Universitaria contraviene lo establecido en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, en sus artículos 16, 21 y 7 del Reglamento Parcial, en los que se exige la autorización del IPC para la ejecución de obras en sitios declarados bienes de interés cultural.
Finalmente, la comunicación emanada por el Instituto del Patrimonio Cultural dirigida a la opinión pública hace un llamado al pueblo venezolano e instituciones del Estado venezolano para defender el patrimonio cultural e impedir la realización de obras no autorizadas, como es el caso de la instalación de los portones de seguridad en la Universidad Central de Venezuela.