Sabino Romero el 12 de noviembre de 2012 (Foto: Luigino Bracci)
El asesino del cacique yukpa Sabino Romero Izarra, ultimado el 3 de marzo de 2013, ha sido condenado esta tarde a la pena máxima de 30 años de prisión por un juzgado de la capital, Caracas, informaron manifestantes que celebraron la decisión en la plaza Bolivar de la ciudad suramericana. Angel Antonio Romero Bracho, de 43 años, es la persona señalada de haber disparado contra el cacique mayor, la noche del 3 de marzo en la comunidad del Tokuko en la Sierra de Perija, una región con grandes riquezas naturales en el noroccidente de Venezuela, y que fue ocupada por ganaderos que desplazaron a las comunidades yukpas hacia la parte alta de la regiòn, colindante con la vecina Colombia.
Texto: La Tabla
Tras un proceso que superó los dos años, el hombre fue condenado por el tribunal 17º de juicio de Caracas, presidido por la juez Vanessa Lista, por el delito de sicariato, establecido en la legislación venezolana. Asimismo se incluyó como agravante el delito de asociación, previsto en la legislación especial contra el crimen organizado.
La muerte del cacique Romero se registró en horas de la noche del referido día, cuando fue interceptado por dos hombres armados que se trasladaban a bordo de una motocicleta.Seguidamente, los victimarios le efectuaron varios disparos a éste que le causaron la muerte, mientras que su pareja resultó herida, informó el Ministerio Público.
El juicio se realizó en la capital venezolana y no en el juzgado de la ciudad de Machiques, en cuyas cercanías ocurrió el crimen, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para evitar presiones indebidas. Sabino era uno de los caciques mayores de una de las cuencas donde están asentadas las diversas comunidades de esa nación indígena, y venía exigiendo con firmeza la demarcación de las tierras indígenas tradicionales, tal como había sido establecido en la Constitución aprobada en diciembre de 1999.
La última audiencia se llevó a cabo en el Tribunal 17º Itinerante de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC), instancia que tras evaluar las pruebas presentadas por el fiscal del Ministerio Público dictó la condena de 30 años de prisión para el hombre, quien cumplirá su pena en el Centro Penitenciario Metropolitano Yare III, ubicado en el estado Miranda.
Luego de varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público se logró determinar la responsabilidad de Romero Bracho en el hecho, por lo que fue capturado el 03 de julio de ese mismo año en Caracas, en atención a una orden de aprehensión solicitada por los fiscales y acordada por el Tribunal 14° de Control del AMC.
En su oportunidad, el Ministerio Público solicitó la radicación de esta causa, la misma fue acordada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la cual decidió remitir el expediente al Circuito Judicial Penal del AMC.
Cabe recordar que hace un año resultaron condenados a diez años de prisión Rigoberto Socorro, Jhon Petit, Eusquides Derizan, Delvis Cárdenas y Giovanny Delgado quienes admitieron incurrir en los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, lesiones personales en detrimento de Lucía Martínez, así como asociación para delinquir. En este sentido permanecen recluidos en el mencionado centro penitenciario del estado Miranda.
El sicario Romero Bracho era el guardaespaldas y chofer personal del rico ganadero José Ignacio Peña Romero, alias El Chirry, según una nota publicada por el antropólogo Lusbi Portillo, un polémico investigador de la ocupación de la Sierra de Perijá, cuestionado por ganaderos y voceros oficiales.
En el área hay una significativa presencia de colonos dedicados a la ganadería, quienes permanecen asentados en el grandes y medianos latifundios a la expectativa de recibir importantes indemnizaciones por sus posesiones. Asimismo se ha impuesto una matriz sobre la existencia de importantes minerales que pueden propiciar un incremento de cualquier pago compensatorio de concretarse un desalojo.
Asimismo, en la zona hay yacimientos de carbón vegetal, cuya explotación para integrarlo en la producción de electricidad, se había impulsado con gran fuerza por autoridades locales y nacionales.Hace sólo días una movilización de agrupaciones ecologistas obtuvo una promesa formal de suspender los planes en tal sentido.
Todo ello en medio de la presentación de una intervención del fallecido presidente Chávez, advirtiendo que si no se podía sacar con técnicas no invasivas, ese carbón se quedaría enterrado para siempre.
Ahora los grupos sociales que impulsaron y vigilaron el proceso sobre el crimen exigen que la sanción del ganadero que ordenó el asesinato, sea la misma de 30 años.