El mandatario venezolano, secuestrado ilegalmente por fuerzas estadounidenses, enfrenta un proceso viciado que su defensa califica de carente de jurisdicción
Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / CiudadCCs / Correo del Orinoco / VTV / RT / Fotos: Redes Sociales
En una nueva muestra de arbitrariedad y violación del derecho internacional, el juez Alvin K. Hellerstein, de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores .
La decisión fue tomada durante la tercera audiencia judicial, en la que el mandatario venezolano y su esposa ratificaron su inocencia y reafirmaron que el proceso es un “montaje” de Washington para inculparlos sin pruebas . Maduro, secuestrado el pasado 3 de enero en su residencia de Caracas durante una operación militar que dejó más de 100 víctimas fatales, se ha declarado “prisionero de guerra” y ha exigido la aplicación de sus derechos bajo la Convención de Ginebra .
Un proceso ilegal e infundado
Desde el inicio, el gobierno venezolano ha denunciado que las acusaciones de la Fiscalía estadounidense son un montaje orquestado para incriminar al jefe de Estado . La primera acusación, que señalaba a Maduro como líder del supuesto “Cartel de los Soles”, fue descartada al no ser incluida en el escrito formal de acusación, lo que, según el derecho penal estadounidense, equivale a un reconocimiento implícito de que tales imputaciones no eran sostenibles ni demostrables en un juicio .
El ex fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha insistido en que la Constitución venezolana y el derecho internacional establecen que Maduro goza de inmunidad como jefe de Estado, por lo que no puede ser arrestado ni enjuiciado por tribunales extranjeros .
Violación del derecho internacional y condena global
La captura del presidente venezolano ha sido calificada por diversos líderes mundiales como un “secuestro literal” que viola la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional . La expresidenta argentina Cristina Kirchner condenó enérgicamente el operativo, señalando que el verdadero objetivo de la administración Trump es “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional” .
“EE.UU. volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”, afirmó Kirchner, vinculando la acción con la histórica política del “Gran Garrote” impulsada por Theodore Roosevelt .
El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una sesión de urgencia a pedido de Colombia, con el respaldo de Rusia y China, para evaluar si la incursión quebrantó la soberanía venezolana . Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura, declaró que “Maduro es el único presidente legítimo de Venezuela” y activó el Consejo de Defensa de la Nación bajo un decreto de “conmoción externa” .
La defensa impugna la legalidad de la captura
La defensa del mandatario venezolano, encabezada por Barry Pollack, presentará mociones para solicitar la desestimación del caso basándose en dos argumentos fundamentales: la inmunidad de jefe de Estado y la ilegalidad de la captura .
Un nuevo elemento jurídico podría tumbar el proceso: el tratado de extradición firmado entre Estados Unidos y Venezuela en 1922 establece que cualquier disputa sobre su interpretación debe resolverse mediante arbitraje. Dado que Caracas considera ilegal el traslado de Maduro a territorio estadounidense, el juez podría verse obligado a suspender el procedimiento y remitir el conflicto a un panel arbitral .
El cronograma procesal aprobado contempla dos fases de mociones. La primera ronda comenzará en septiembre de 2026, centrándose en argumentos jurisdiccionales y de inmunidad, con una audiencia prevista para el 17 de noviembre . La segunda ronda se iniciará en enero de 2027, con vistas a la exhibición probatoria el 11 de marzo .
Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en un proceso que Caracas califica de “viciado, ilegal, carente de jurisdicción e infundado” . El periodista Arturo Ángel, que cubre el proceso desde Nueva York, informó que el acuerdo sobre el calendario implica que no existe posibilidad de negociación ni de que los acusados se declaren culpables para eludir el juicio .