La Ley de Infogobierno, aprobada en octubre de 2013, entrará en vigencia el próximo domingo 17 de agosto, con el fin de impulsar la automatización y la apropiación del conocimiento detrás de las soluciones informáticas dentro del Estado venezolano. Una vez esta norma entre en vigor, todos los organismos el Estado venezolano deben acogerse a la misma. Aquellos entes que no hayan migrado al software libre, tendrán doce meses para presentar un plan de migración.
Texto y fotos: AVN
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El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, señaló que esta normativa fue redactada por el poder Ejecutivo y Legislativo, “pero tiene el aporte de los servidores públicos del Ejecutivo nacional y, sobre todo, del poder popular, expresado también de manera particular con la comunidad de software libre”.
Durante un reunión con los directores de informática de entes de la Administración Pública en el centro de Caracas, indicó que esta norma “es expresión de ese nuevo país, de ese nuevo plan de país que estamos construyendo”.
La Ley de Infogobierno que establece las normas, principios y lineamientos que rigen el uso de las Tecnologías de Información Libre en los procesos del Estado, con el objetivo de mejorar la gestión pública, facilitar el acceso de los ciudadanos a la información en sus roles de contralor y usuario, además de promover el desarrollo nacional que garantice la soberanía tecnológica.
Ministro Manuel Fernández y viceministro Carlos Figueira (AVN)
Al respecto, el ministro señaló que esta normativa crea campos, desde el punto de vista legislativo y normativo, al Gobierno electrónico para la eliminación, simplificación y automatización de trámites.
Fernández añadió que “este nuevo marco jurídico, que crea oportunidades para instrumentar el Gobierno Electrónico, genera oportunidades para jóvenes y emprendedores que van a darle soluciones informáticas para simplificar los trámites internos que tenemos en el Estado”.
Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional Guido Ochoa, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional y uno de los impulsores de la Ley quien lideró su discusión desde la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento, comentó que este instrumento legal permitirá la “independencia y soberanía relacionada al desarrollo propio de software”, lo que generará mayor privacidad en el Estado venezolano, así como ampliará las posibilidades de desarrollo industrial y tecnológico.
Explicó Ochoa que todos los organismos están obligados a trabajar con el Software Libre, aunque añadió que el sector privado no está en la obligación de acogerse a esta ley.
Entre los beneficios de esta ley está el establecimiento de las condiciones necesarias para la mejora continua de los servicios que el Poder Público presta a las personas; garantiza la transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión pública, contribuyendo a profundizar el acceso de los ciudadanos a la información pública; igualmente promueve el acceso a la información a través de medios electrónicos, con igual grado de confiabilidad y seguridad que la proporcionada por los medios tradicionales.
Para Nerissa Aguilera, integrante de la Comunidad de Software Libre, la participación de los activistas de las comunidades de Sotfware Libre ha sido importante, por ello celebran la entrada en vigencia de la Ley de Infogobierno.
Aguilera se refirió al reto que implicó entender la manera de cómo tenía que ver la tecnología para un Estado soberano. Uno de los logros de esta comunidad, en la formulación de la Ley, fue la garantía de las condiciones de accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad, hoy contemplado en los artículos 14 y 15 de la ley. También lograron que la perspectiva de género transversalizara la ley, donde las mujeres se sintieran incluidas.
El Gobierno Bolivariano, en pro de optimizar los procesos y fomentar la independencia tecnológica, y con ello fortalecer el ejercicio de la soberanía nacional sobre la base del conocimiento y uso de las Tecnologías de Información Libres en el Estado, aprobó la Ley de Infogobierno, cuyo objetivo es establecer los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público y Poder Popular,
