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Yesenia Fuentes, vocera de la Asociación de Víctimas del golpe de Estado del 11 de abril, criticó ayer la posibilidad de que sean otorgadas medidas de libertad a dos efectivos de la PM, condenados por los hechos ocurridos en Puente Llaguno en 2002, tal como aseguran haber logrado estudiantes opositores que finalizaron el martes una huelga de hambre.
Texto: Ciudad CCS
“Rechazamos categóricamente la negociaciones de prelibertad porque estas personas fueron imputadas por estar incursas en delitos graves de los derechos humanos, lo que les impide gozar de estas medidas”, señaló.
Según Fuentes, los funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) Marco Hurtado y Arube Pérez, condenados con sentencia firme a penas de 16 años y 17 años y 10 meses, no pueden optar a beneficios establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal ni siquiera a indultos y amnistías
“Tenemos años luchando por una sentencia para que hoy vengan a negociar la libertad de unos asesinos. Aquí hay personas discapacitadas, madres que perdieron a sus hijos, viudas, huérfanos que están aún recuperándose de sus lesiones”, dijo.
Afirmó que estos hechos no pueden pasar por alto ya que se trata de personas que dispararon “a mansalva contra el pueblo venezolano”.
Arube Pérez fue condenado por los homicidios de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano. Pérez fue identificado en registros fotográficos como el funcionario que disparó desde la ballena de la PM con un fusil de guerra M-16 contra manifestantes bolivarianos en los sucesos ocurridos el 11 de abril.
En nombre del grupo de víctimas, Fuentes pidió al Gobierno nacional que “no se permita que haya más impunidad”.
PETICIONES INCONSTITUCIONALES
Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, señaló ayer que algunas de las peticiones realizadas por los estudiantes en huelga de hambre son inconstitucionales, informó el portal web Aporrea.
“Ellos entregaron una lista con 27 nombres que denominan como presos políticos, cosa que nosotros desmentimos porque hay peticiones que estaban fuera del orden constitucional. Se trata de solicitudes para personas que han cometido graves actos de violación de derechos humanos”.
Serían los casos de los comisarios Iván Simonovic, Henry Vivas y Lázaro Forero, sentenciados por hechos del 11 de abril, así como los hermanos Otoniel, Orlando y Juan Guevara, sentenciados por muerte de Danilo Anderson. y el diputado electo por el Zulia, José Sánchez alias Mazuco, que no puede ser considerado preso político por estar condenado por homicidio.
El Aissami también informó que se estudia otorgar beneficios de prelibertad a presos que tengan más de la mitad de la pena cumplida. Entre los casos se cuentan los militares Silvio Mérida Ortíz, Felipe Rodríguez, alias El Cuervo y Otto Gebauer, implicados en atentado con explosivos en consulado de Colombia.
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Un “preso político”
Al cierre de la edición del jueves de Ciudad CCS, se conoció que el ex general de Brigada retirado de la Guardia Nacional Felipe Rodríguez, mejor conocido como “El Cuervo”, esperaba una orden del Tribunal Séptimo de Control que le permitiera gozar del beneficio de libertad condicional. Rodríguez cumplió la mitad de su condena de 10 años y cuatro meses de prisión por su implicación en los atentados terroristas con explosivos, perpetrados en 2003, contra las sedes diplomáticas de España y Colombia en Caracas. El ex general Rodríguez fue uno de los 150 militares declarados en desobediencia civil en el golpe de Estado del 2002. El CICPC también lo relacionó, aunque no fue imputado, con los asesinatos de los soldados de plaza Altamira Félix Antonio Pinto Heras, Ángel José Salas Lozano y Darwin Enrique Istúriz Argüello, y la novia de uno de ellos, Zaida Gabriela Peroza López. En abril de 2004 Rodríguez fue entrevistado por el diario The Miami Herald, para el cual declaró estar formando grupos clandestinos para derrocar al presidente Hugo Chávez e instalar en el país un gobierno cívico-militar de transición.
ANDRÉS PARAVISINI RODRÍGUEZ/CIUDAD CCS