Las licencias abarcan hidrocarburos, soporte técnico y suministro de bienes, con restricciones financieras y geopolíticas claramente definidas
Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió tres nuevas Licencias Generales —N.º 46E, N.º 48D y N.º 49B— que sustituyen a sus versiones predecesoras y buscan flexibilizar de manera controlada la actividad en los sectores de energía, petroquímica e infraestructura eléctrica de Venezuela.
Licencia 46E: comercialización e importación de hidrocarburos
Esta licencia autoriza formalmente a las entidades estadounidenses establecidas a gestionar operaciones de compra, venta, transporte, refinación y comercialización de petróleo y derivados petroquímicos de origen venezolano con destino al mercado de Estados Unidos. La normativa permite contratar servicios logísticos en puertos y rutas marítimas locales, pero impone líneas rojas financieras claras: prohíbe terminantemente el uso de criptomonedas estatales como el Petro, los pagos en oro y cualquier esquema de reestructuración de deuda.
Licencia 48D: soporte técnico y provisión de bienes operativos
Orientada a revitalizar la infraestructura productiva, esta licencia habilita el suministro de bienes, software, tecnología y servicios especializados para la exploración y producción de gas, petróleo y derivados petroquímicos, así como para los sistemas de generación, transmisión y distribución de electricidad. Aunque facilita el mantenimiento y reparación de las instalaciones actuales, mantiene restricciones severas: veta de forma expresa la exportación o reexportación de diluyentes hacia Venezuela y la creación directa de nuevas empresas mixtas (joint ventures).
Licencia 49B: fase preparatoria y contratos contingentes
Pensada para sentar las bases de futuros proyectos, esta autorización permite a las compañías negociar y suscribir “contratos contingentes”, además de ejecutar auditorías y procesos de debida diligencia legal, técnica y ambiental. No obstante, establece una condición restrictiva indispensable: ningún acuerdo bajo esta figura puede entrar en ejecución ni implicar desembolsos financieros u operaciones prácticas hasta que las partes tramiten y obtengan una licencia específica e independiente emitida directamente por la OFAC.
Directrices comunes y restricciones geopolíticas
El paquete normativo opera bajo un paraguas regulatorio estricto que define explícitamente los fertilizantes y productos petroquímicos autorizados —tales como urea, metanol, amoníaco y ácido sulfúrico—. Entre las condiciones transversales destacan la obligación de someter cualquier resolución de disputas a tribunales o cortes arbitrales de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur, y la centralización de los pagos en cuentas oficiales designadas por el Tesoro estadounidense.
Asimismo, las licencias ratifican el veto absoluto a cualquier operación o transacción que involucre de forma directa o indirecta a personas, empresas o intereses de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China. Finalmente, las compañías beneficiarias quedan sujetas a rigurosos mecanismos de transparencia, debiendo presentar informes detallados sobre volúmenes, montos y tributos dentro de los diez días posteriores a su primera transacción y, de manera sucesiva, cada 90 días.
Estas tres licencias forman parte de una serie de ajustes graduales que la OFAC ha venido implementando durante 2026 en su política hacia Venezuela. Previamente se habían emitido autorizaciones relacionadas con la importación de petróleo venezolano (GL 46), la exportación de diluyentes (GL 47) y la operación de seis empresas internacionales —BP, Chevron, Eni, Shell, Repsol y Maurel & Prom— bajo la GL 50. En conjunto, estas medidas configuran un mecanismo de autorizaciones que abre canales limitados para la actividad empresarial estadounidense en el país, sin desmontar el marco general de sanciones.