Hace 28 años cuerpos de seguridad de la IV República ejecutaron la Masacre de Yumare

Este jueves se cumplen 28 años de la Masacre de Yumare, uno de los sucesos más lamentables de la historia contemporánea venezolana. La operación militar, realizada contra civiles, se perpetró en el sector Barlovento, caserío La Vaca del actual municipio Manuel Monge, en el estado Yaracuy. A cuatro años de haberse cometido la Masacre de Cantaura (4 de octubre de 1982) en el estado Anzoátegui, el gobierno derechista de Jaime Lusinchi -representado por el ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage, y el jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Antigua Disip), Henry López Sisco- volvió a ejecutar una operación dirigida a erradicar grupos de izquierda.

Texto: AVN

Fue así como el 8 de mayo de 1986, nueve dirigentes revolucionarios fueron capturados y posteriormente asesinados por un comando de la Disip, a las órdenes del entonces comisario López Sisco.

Tras realizar la ejecución, los efectivos de la Disip manifestaron que habían asesinado a estas nueve personas porque “formaban parte de la guerrilla”. Los estudios criminalísticos y las evidencias ayudaron a demostrar lo contrario, y dejaron ver que lo de Yumare fue un ajusticiamiento, una operación de exterminio contra dirigentes revolucionarios.

Por las incongruencias en las declaraciones de los funcionarios que participaron en aquella masacre se logró detectar las mentiras y la confabulación de una matanza orquestada por el gobierno de Luisinchi.

Para justificarse, los funcionarios dijeron que habían estado en un enfrentamiento armado y que fueron emboscados en un lugar boscoso por los asesinados. No obstante, las evidencias fotográficas revelaron que la zona donde todos los ciudadanos murieron estaba poblada de “vegetación baja, tipo pasto, grama y maleza, todos de muy corta altura, característicos de terrenos despejados, de gran iluminación”.

Víctimas

Tras los falsos testimonios dados por los responsables de la Masacre de Yumare, muchos testigos de ese lamentable incidente declararon que las nueves personas asesinadas por el comando de la Disip habían sido primero detenidas, luego torturadas y, por último, ejecutadas. Posteriormente, los propios funcionarios les colocaron ropa militar encima de su ropa civil para indicar que eran guerrilleros, una práctica que recuerda a los casos de los “falsos positivos” perpetrados en Colombia.

Los declaraciones de los testigos revelan que las nueve personas ejecutadas extrajudicialmente eran además de luchadores sociales, promotores del ideal bolivariano. Estos ciudadanos fueron reconocidos como: Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao Salgado, Nelson Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jiménez García, Simón José Romero Madriz, y Alfredo Caicedo Castillo.

Primera condena y demás implicados

En el 2011 fiscales del estado Yacacuy lograron condenar a 13 años de prisión al general retirado del Ejército, Alexis Sánchez Paz, quien admitió su responsabilidad en los hechos de Yumare.

Sin embargo, el primer avance del caso se logró cuando, en el año 2006, el Tribunal 6° de Control de Yaracuy admitió la querella interpuesta por los familiares de las víctimas. Sin embargo, la acusación contra el general Sánchez Paz, quien era coronel para el momento de los hechos y director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército, se presentó en agosto de 2009.

En esa oportunidad también fueron acusados los ex funcionarios de la extinta Disip, Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola, Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega.
En junio de 2009, el Ministerio Público también acusó al comisario jubilado de la Disip Henry Rafael López Sisco, al tiempo que se pidió iniciar el proceso de su extradición desde Costa Rica.

A López Sisco se le imputan delitos de concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve víctimas; y es también señalado por su participación en las masacres de El Amparo, Cantaura y El Caracazo, además de participar en el asedio a la embajada de Cuba en Venezuela, durante el golpe de Estado de abril de 2002.

En 40 años AD y Copei apoyó la impunidad

Raúl Zurita Daza, autor del libro “Víctimas de la Democracia Representativa en Venezuela”, al narrar los hechos de la Masacre de Yumare, resalta la voluntad del Gobierno Revolucionario por hacer justicia a las familias de las víctimas de esta masacre, lo cual contrasta radicalmente con las actuaciones de los gobiernos de la cuarta República, que se dedicaron a impedir las investigaciones de este caso, vetar la actuación de los tribunales y apoyar la impunidad.

“Más temprano que tarde Venezuela conocerá todo lo que sucedió en la masacre de Yumare. Y debe ser más temprano que tarde, porque durante los cuarenta años que gobernaron Acción Democrática y Copei, nunca hubo apoyo para las gestiones que desde un primer momento realizamos. Todo lo contrario, impedían a toda costa que los tribunales se abocaran a su trabajo”, escribe Zurita en su libro publicado en el año 2006.

Zurita, quien fue además protagonista de aquellos gobiernos represivos, por ser uno de los más perseguidos por la cuarta República, relata en su texto que su lucha por hacer justicia, siempre se fundamentará en “desenmascarar a los culpables encabezados por Jaime Lusinchi; su ministro Octavio Lepege; Profirio Valera, director de la Disip; Norberto Antonio Rabanales; José Alirio Rabanales y Bergenis Bereciarte. Sin olvidar la participación de Henry López Sisco”.