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Archivo de YVKE Mundial 2007-2009
Categoría: Internacionales
Caracas, 10 Dic. Documentos recientemente desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos revelan el gran apoyo de Washington al gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela.
Ello se desprende de una solicitud realizada por los investigadores Eva Golinger y Jeremy Bigwood. En los más de 40 documentos que el Departamento de Estado desclasificó –algunos parcialmente– se señala la gran preocupación que tenía el gobierno de Estados Unidos frente a la insurrección militar liderada por el actual Presidente Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992.
Los documentos, que se publicarán durante los próximos días por los investigadores, incluyen material clasificado como "secreto", y en ellos se discute sobre cómo presionar a los Fuerzas Armadas venezolanas para que se subordinen a los intereses de Washington.
Además, presentan guías de prensa que indican los lineamientos y la posición de Washington frente a los sucesos del 4 de febrero de 1992 y hasta un documento titulado "Lectura de Noche para el Presidente", un memorando sobre lo ocurrido en Venezuela esa fecha; redactado para el entonces Presidente George H.W. Bush.
En estos se indica un apoyo firme a Carlos Andrés Pérez, a pesar de clasificar su gobierno como "tolerante de la corrupción" e incluso sostienen en un documento secreto que fue parcialmente desclasificado que "la amante de CAP, Cecilia Matos, y miembros de su etorno principal han sido responsables por algunos de los recientes excesos corruptos más atroces…"
También mencionan que para la fecha del 4 de febrero del 1992 solo el 57% de la población comía más de una vez al día. Eso significa que más de 40% de los venezolanos y las venezolanas sólo comían una comida diaria durante los llamados gobiernos de la "democracia representativa."
Otros documentos hacen referencia a la suspensión de garantías constitucionales por parte del gobierno de CAP, incluyendo la suspensión de derechos como el de libre tránsito; el de la privacidad del hogar (explícitamente decía en el decreto de CAP que las casas privadas podían ser revisadas y allanadas sin previo aviso por las fuerzas de seguridad de estado); el de la libertad de expresión y pensamiento; además de la suspensión del derecho a la libre asociación.
También se refieren a la suspensión del derecho a protestar y manifestar; y la suspensión del derecho de poder ir a huelga como forma de protesta.
Igualmente, estos documentos señalan a personajes políticos, como el recién electo alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien en aquel momento era el gobernador de Caracas, y su apoyo incondicional al gobierno “corrupto” y represor de Carlos Andrés Pérez.
También hacen referencia al dirigente político Pompeyo Márquez, quien a pesar de representar otro partido político, el MAS, que era rival del partido Acción Democrática del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, expresó su apoyo y respaldo incondicional al gobierno de CAP aquel 4 de febrero de 1992.
Finalmente, un documento secreto, parcialmente desclasificado, habla de la necesidad de traer la Agencia Internacional del Desarrollo de EE.UU., (USAID) y la National Endowment for Democracy (NED) a Venezuela para apoyar las políticas neoliberales de Carlos Andrés Pérez en vista de su pérdida de popularidad nacional.
Fue la primera vez que EE.UU. proponía traer estas agencias intervencionistas a Venezuela para respaldar sus intereses y realizar tareas de "fortalecer la democracia", según Washington.
Aunque la USAID no se instaló en aquel momento (llegó en junio 2002 después del golpe de Estado contra el actual Presidente Chávez para apoyar el movimiento opositor) la NED si llegó a Venezuela con financiamiento y asesoría estratégica a diferentes ONG y partidos políticos venezolanos, incluyendo la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y Fedecámaras.
Claramente, el documento dice que la presencia de la NED o la USAID en Venezuela serviría para "fortalecer la posición política de CAP" en Venezuela. Cabe destacar que otros documentos mencionan que la población venezolana estaba muy descontenta con las "contribuciones" del gobierno de CAP al exterior.
En aquel momento, el gobierno de CAP donaba más de 1.88% del PNB a países extranjeros y organizaciones internacionales – cifra que supera lo recomendado por las Naciones Unidas para países considerados desarrollados). La cifra recomendada es de 1%.