Archivo de YVKE Mundial 2007-2009
Publicado por: Patricia Rivas
Categoría: Nacionales
El fiscal Danilo Anderson irrumpió en la escena pública en el año 2002, luego del golpe de Estado del 11 de abril de ese mismo año en contra del Gobierno del presidente, Hugo Chávez Frías.
Estuvo presente en el restablecimiento de la señal de Venezolana de Televisión el día 13 de abril de 2002 y luego se hizo cargo de la acusación en contra de los que participaron en los acontecimiento de Puente Llaguno.
Anderson, de 38 años de edad recién cumplidos para el momento de ser asesinado, se crió en la parroquia La Vega, donde vivió 34 años. Estudió Geografía en la Universidad Central de Venezuela y posteriormente estudió Derecho en la máxima casa de estudios, donde se graduó en 1995. Trabajó, luego, como inspector general de Hacienda.
Ingresó a la Fiscalía General de la República en 2000, después de participar en un concurso de credenciales que organizó este organismo, donde salió electo para un cargo de fiscal auxiliar.
Su competencia inicial fue el área ambiental, pero su actuación durante el golpe de Estado mostró la fuerza y la valentía para enfrentar el momento que vivía el país.
Desde ese año salió a relucir a la opinión pública y nunca más salió de allí. Atacado y vilipendiado por medios y políticos de la oposición, ello no melló en nada su disposición a hacer justicia.
Célebres fueron sus actuaciones en los casos en contra de la Policía Metropolitana, lo que causó que seis agentes de ese cuerpo policial fueran acusados por algunas de las muertes del 11 de abril de 2002, en Puente Llaguno.
Estaba dedicado al estudio del expediente de los participantes en el golpe de Estado, razón por la cual tenía previsto citar a más de 400 personas firmantes de la autoproclamación de Pedro Carmona Estanga. Algunos ya habían acudido a la citación, especialmente los dueños de los medios de comunicación social privados.
Igualmente tuvo en sus manos el caso de la embajada cubana, con lo cual logró llevar a prisión al actual alcalde de Baruta, Henrique Carriles Radonsky, por haber violado tratados internacionales cuando irrumpió en contra de la embajada.
Asimismo, había dictado orden de prohibición de salida del país a Alfredo Peña, quien en 2002 era alcalde Mayor, y a dos de sus colaboradores más cercanos, así como a los directores de la Policía Metropolitana: Henry Vivas y Lázaro Forero.
