La sala I del Tribunal de Sentencia de Honduras dictará este jueves la sentencia del juicio por el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres perpetrada en marzo de 2016.
Texto: TeleSur
Por la muerte de Cáceres han sido acusados ocho personas, señaladas como autores materiales e intelectuales del crimen.
A pesar de la acción judicial, los familiares de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas de Honduras (Copinh) han señalado que se les ha prohibido su participación en el juicio, calificándolo de ilegal.
Los abogados de los familiares y la Copinh fueron excluidos del juicio, luego de imponer recursos contra los miembros del tribunal por su presunta parcialidad para llevar adelante el proceso judicial.
Preocupación de la ONU
A través de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) expresó su preocupación por la exclusión de la defensa de la familia de Berta Cáceres en eljuicio.
Además, condenó las demoras de la Justicia hondureña en la causa de Berta Cáceres. Según el documento, la exclusión en el juicio de la familia y la Copinh “socava significativamente el derecho de las víctimas a un acceso efectivo y equitativo a la justicia así como su derecho a la verdad”.
Para la Oacnudh, “la persecución penal sólo es efectiva si las víctimas y sus familias son efectivamente involucrados en el proceso” y esa participación pone de manifiesto y refuerza el derecho a la verdad.
La Oacnudh advirtió que es “imperativo” que el sistema de Justicia pueda garantizar “el absoluto cumplimiento de las garantías del debido proceso y la protección judicial efectiva en este primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres”.
Por último, el texto recoge que la justicia “es clave para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y sus resoluciones, para la búsqueda de justicia de su familia, así como para la salvaguarda de la labor de las personas defensoras enHonduras”.
Los acusados
El juicio por el asesinato de Berta Cáceres inició el pasado 17 de septiembre, entre los acusados hay sicarios, militares y representantes de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), la empresa que estaba a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que la líder indígena se opuso firmemente.
Los detenidos vinculados a DESA son Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo. El primero era el gerente de asuntos comunitarios y ambientales de la empresa en el momento del asesinato de la activista. El segundo fue jefe de seguridad de la compañía entre 2013 y 2015.
Antes de su muerte, Cáceres había denunciado ante la Justicia y organismos de seguridad haber recibido amenazas por parte de Rodríguez y Bustillo.
En marzo de este año, fue detenido el presidente ejecutivo de DESA, Roberto Castillo, quien enfrentará un juicio por separado. Castillo es acusado de ser el autor intelectual del asesinato.