Venezuela rechaza de manera tajante y categórica el presunto “informe” presentado este martes por la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que un supuesto Panel de Expertos Internacionales Independientes pretenden atacar al Gobierno Bolivariano.
Texto: AVN
En un comunicado emitido este miércoles por la Cancillería venezolana, el Gobierno califica al informe como “ilegal, violatorio de toda norma y principio del derecho internacional, de la normativa interna de la Organización”.
A continuación le presentamos el texto íntegro:
La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresa su profundo y categórico rechazo a la presentación de un presunto Informe del Secretario General y de un supuesto Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la “posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, por ser el resultado de un procedimiento ilegal, violatorio de toda norma y principio del derecho internacional, de la normativa interna de la Organización y que carece de mandato alguno de sus órganos políticos.
Dicho documento carece de valor jurídico pues emana de una autoridad usurpada. El Secretario General se arroga una atribución que ni la propia OEA tiene como es la de ser una instancia judicial. En tal sentido, no es más que una grotesca farsa mediática.
Como se ha señalado en múltiples oportunidades las denominadas “audiencias públicas”, iniciativa personal del Secretario General de la OEA, son parte de una campaña de propaganda contra el Estado venezolano, cuyo único objetivo es derrocar al Gobierno Constitucional del Presidente Nicolás Maduro Moros, a través de la desestabilización de las instituciones democráticas, la generación del caos y la violencia interna en Venezuela.
Al comienzo de esta iniciativa se denunció formalmente al coordinador de las audiencias, el Señor Luis Moreno Ocampo. Es pública y notoria la falta de integridad moral de quien se encuentra inmerso en graves denuncias sobre sobornos, colusión y tráfico de influencias dentro de la Corte Penal Internacional.
Igualmente, se denunció en su oportunidad las profundas debilidades éticas y parcialidad del trío de activistas anti venezolanos escogidos arbitrariamente por el Secretario General de la OEA para llevar a cabo tal operación. Estos supuestos expertos han adelantado todos, y por muchos años, opiniones contrarias al Gobierno venezolano, lo cual los inhabilita éticamente en sus opiniones que requieren ser objetivas e imparciales para ser tomadas en cuenta con un mínimo de seriedad.
Por otra parte, el uso de testimonios de fugitivos de la justicia venezolana, interesados en asegurar su propia impunidad, elimina toda credibilidad a esta operación de propaganda. No tiene sentido otorgarle “valor probatorio” a quienes tienen causas abiertas en tribunales venezolanos.
Es de destacar que, pese a la insistente solicitud del Estado venezolano, la Secretaría General nunca rindió cuentas sobre el origen de los fondos de esta maniobra de propaganda y hasta la fecha persiste la opacidad respecto a su financiamiento. Esto se constituye como un grave y perverso precedente que pone a la Organización a la orden de cualquier poder económico desconocido.
Esta Misión Permanente reitera que la práctica negativa que se ha instaurado en la OEA de publicar informes, emitir declaraciones y convocar a eventos a nombre de la Organización, sin que en realidad respondan a un consenso o mandato de los Estados Miembros, sólo profundizará la crisis institucional de la OEA y, más grave aún, atentará contra la imparcialidad y prestigio del trabajo que realiza la instancia internacional con competencia exclusiva para conocer de la materia.
Washington D.C., 29 de mayo de 2018