En un obvio caso de conflicto de intereses, José Ignacio Hernández, el abogado que fue nombrado por Juan Guaidó como “procurador” de su supuesto gobierno interino, asesoró hace unos meses a la transnacional de origen estadounidense Owens-Illinois como “experto legal”, en la demanda que realiza dicha empresa contra la petrolera estatal venezolana Pdvsa y su filial estadounidense Citgo. Owens-Illinois le exige a las empresas venezolanas el pago de 500 millones de dólares como indemnización por la expropiación de sus dos plantas en 2010.
