Víctimas entregaron exhorto al Ministerio Público para exigir cumplimiento de Ley contra el Odio (+Video)

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Foto: Rosalia Barreto, AVN

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, realizó una rueda de prensa conjunta con la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz y una comisión de familiares de víctimas del odio, a quienes recibió para conocer de un exhorto que exige al Ministerio Público (MP) y a las autoridades el cumplimiento de la Ley Contra el Odio aprobada en noviembre de 2017. El Fiscal informó que tres personas han sido privadas de libertad por asediar y quemar la casa de la alcaldesa del municipio San Judas Tadeo, en el estado Táchira, Betzabeth Gandica, y se ha emitido una orden de detención contra la persona que agredió al padre de la periodista de La Radio del Sur, Vanessa Gutiérrez.


Texto: AVN

Sobre el caso de los tres detenidos por agredir a la alcaldesa Gandica, Saab precisó que estos ciudadanos son imputados por crímenes de odio, hurto y agavillamiento, dado que en el lugar amenazaron de muerte a la alcaldesa, e incendiaron su hogar con niños dentro del inmueble.

También informó que por el caso de agresión contra Luis Manuel Gutiérrez Moreno, adulto mayor y padre de la periodista de La Radio del Sur, Vanessa Gutiérrez, está solicitada una persona con orden de aprehensión, la cual será procesada por crímenes de odio. Gutiérrez Moreno fue agredido y golpeado por uno de sus vecinos; la periodista denunció que su padre fue agredido “por ser chavista”, y que un tribunal había liberado al presunto agresor, quien celebró el hecho.

Fiscal General Tarek William Saab, rueda de prensa sobre crímenes de odio

En transmisión de VTV, Saab detalló que también serán investigados, con el apoyo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y el DGCIM, aquellas personas que han utilizado cuentas anónimas de las redes sociales para instigar al odio por estas vías, difundiendo direcciones y datos personales de personas identificadas con el chavismo para llamar a ir allí a agredirlos. Señaló que se buscará también a los autores intelectuales de estos ataques.

El Fiscal General destacó que se trata de acciones del “fascismo puro y crudo, puesto que se discrimina a alguien por su posición política, en este caso, afecta al Estado, a todo el sistema democrático, en defensa de la Constitución. No vamos a permitir que esto siga ocurriendo en estos términos y vamos a aplicar todo el peso de esta ley”.

Recordó que durante las protestas violentas que promovió la derecha en el año 2017, siendo Defensor del Pueblo, llamó la atención del pueblo venezolano sobre el surgimiento en la escena política venezolana de un gravísimo fenómeno criminal que catalogamos como crímenes de odio.

Foto: Rosalia Barreto, AVN

Desde la sede del Ministerio Público, manifestó que ha visto con preocupación estas acciones, por lo que informó que ha hablado sobre este tema con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.

“Lamentablemente, luego de que se aprobara la Ley de crímenes contra el Odio, en 2017, hemos visto con muchísima preocupación y esto lo he conversado con el presidente de la República, Nicolás Maduro, y con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, la escalada progresiva y cada vez más intensa, que hemos observado a partir del mes de enero cuando sujetos no electos por el pueblo, pretendieron, sin ser electos, usurpar al Ejecutivo Nacional”, manifestó.

Por su parte, la primera vicepresidenta de la ANC, Tania Díaz, señaló que esto forma parte de los planes para crear las condiciones para una intervención militar en Venezuela.

Asimismo, denunció a Alberto Barrada, quien no vive en Venezuela y ha utilizado las redes sociales para avalar esta invasión a Venezuela para asesinar al presidente de la República, así como para atacar a los chavistas, así como la amenaza que le hizo de muerte a la periodista Madelein García, por publicar la verdad sobre lo ocurrido el pasado 23 de febrero, cuando desde Colombia se pretendió violar la soberanía territorial.

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