Organizaciones ambientalista de Brasil defienden a las comunidades nativas del sector agrario

Foto: OPAN

Tras tomar posesión como presidente de Brasil, Jair Bolsonaro dictó una orden ejecutiva en la cual despoja a la Fundación Nacional de Indígenas (FONAI), encargada de todos los asuntos relacionados con las comunidades nativas, de delimitar y localizar estas tierras, concediéndole al Ministerio de Agricultura esta tarea, lo que es visto como  una imposición de las transnacionales de la industria agraria. Andreia Fanzeres, coordinadora del Programa de Derechos Indígenas y Política Indigenista e Información a la Sociedad, aseguró que las organizaciones sociales quieren es paz y seguridad para continuar realizando sus actividades en conjunto con el gobierno y con las comunidades, a favor de las minorías y del medio ambiente.

Texto: Alba Ciudad (Angie Vélez)

El Ministerio de Agricultura de Brasil, a cargo de Tereza Cristina da Costa, quien en su momento como jefa de la bancada ruralista en la Cámara de Diputados, le dio a Bolsonaro su apoyo decisivo en la campaña electoral. Ella apoya que el territorio indígena sea utilizado para el agronegocio, lo que se encuentra restringido en la actual legislación.

En ese sentido, Fanzeres detalló que la ministra defendió los intereses del frente ruralista, destacando las medidas que promovía la flexibilizacion en el uso de agrotóxicos, lo que marcó su trayectoria, haciéndola merecedora del título “Musa del veneno”.

Agregó que la elección de Da Costa para ese súper Ministerio, tiene mucho que ver con su apoyo en este y otros temas de interés para con el presidente Bolsonaro, como la debilitación de órdenes de fiscalización ambiental, la simplificación de las reglas del licenciamiento ambiental y la postura contraria a los derechos indígenas, especialmente a la demarcación de tierras que ahora está bajo su responsabilidad en el nuevo gobierno, claramente orientada a la atención de los temas de interés del frente ruralista.

La OPAN

Fanzeres indicó que la Operación Amazonía Nativa (OPAN), es una organización civil fundada en 1969, durante la dictadura militar en Brasil. “Somos una institución de apoyo y defensa de los derechos indígenas que actúan con diversos pueblos. Nunca, en ningún gobierno, fue fácil superar dificultades de construcción e implementación de políticas públicas orientadas a los derechos de los indígenas, porque nuestra sociedad tiene aún muchos prejuicios”.

Comentó que durante el gobierno de Lula Da Silva, desde 2003 hasta 2010, hubo una relación de diálogo y de fortalecimiento de los órganos federales del medio ambiente, entre ellos la Fundación Nacional Indígena (Funai), desde donde se construyeron políticas públicas importantes. Sin embargo, las presiones del frente ruralista y la propia visión desarrollista del gobierno, demostrada en la opción de construcción de grandes obras de infraestructura, siempre fueron obstáculos para garantizar sus derechos.

Foto: OPAN

Detalló que esta situación se agravó mucho más en la gestión de Dilma Roussef, quien nunca tuvo simpatía con el tema. Luego de que fue destituida del poder y asumiera Michel Temer, se aceleró el proceso de desestructuración de la gobernanza en el área indigenista y ambiental, lo que en menos de un mes de gobierno de Bolsonaro, se ha convertido en un hecho consumado.

A su vez, indicó que las organizaciones de la sociedad civil, desarrollan acciones de suma importancia en la implementación de las políticas socio ambientales, metiendo anteproyectos, convenios y alianzas con el gobierno brasileño, quien no tiene presupuesto, cuerpo técnico o el interés para ejecutarlas.

Aseguró que las organizaciones lo que quieren es paz y seguridad para continuar realizando sus actividades en conjunto con el gobierno y con las comunidades, a favor de las minorías y del medio ambiente. “Creemos que con trabajo colaborativo en todas esas instancias, lograremos éxitos reales”.

Asimismo, denunció que estas organizaciones está siendo atacadas por el actual gobierno de Bolsonaro, por apoyar el fortalecimiento de las comunidades indígenas, la lucha por su autonomía y los compromisos climáticos internacionales. “Ellos creen que esto pone en riesgo la soberanía nacional ignorando todas las pruebas científicas existentes”.

Aumento de los crímenes ambientales

En cuanto a la autorización del porte de armas en el país suramericano, agregó que es un asunto de polémica, que iría en contra de todos los estudios sobre la seguridad pública existente en el mundo. “Armar a una sociedad no disminuye el índice de violencia, lo que vemos en el campo es que los verdugos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales siempre estuvieron armados. Los asesinatos en el campo vienen aumentando vertiginosamente en Brasil, lo que no justifica la necesidad de dar más armas a quienes ya tienen”.

Comentó sobre las declaraciones de Bolsonaro, quien intentó aprobar medidas cuando era miembro del parlamento, que impedirían que agentes federales de fiscalización ambiental portasen armas, lo que significa una total contradicción. “No tiene sentido armar a los hacendados y desarmar a los fiscales”.

Finalmente aseguró que los crímenes ambientales aumentarán, por lo que predicen una intensificación de las amenazas contra la sociedad civil y contra los pueblos indígenas y tradicionales, así como más muertes si la medida prevalece.

También las tierras Quilombolas

Bolsonaro, además de otorgar al Ministerio de Agricultura el poder para identificar y delimitar las tierras indígenas, hizo lo mismo con las tierras quilombolas, lo que en Brasil se conoce popularmente como los terrenos de las comunidades afrodescendientes, las cuales eran supervisadas por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).

De esta manera, el presidente brasileño estaría cumpliendo parte de sus promesas en la campaña electoral, en cuanto a su intención de abrir terrenos a la actividad comercial, como un gesto hacia el sector agrario, uno de los poderes fácticos de Brasil.

“Más de un 15 por ciento del territorio nacional está demarcado como tierra indígena y quilombola. Menos de un millón de personas viven en estos lugares aislados del Brasil de verdad, explotadas y manipuladas por las ONG. Vamos a integrar estas ciudades y revalorizarlas para todos los brasileños”, escribió Bolsonaro en Twitter.

Por su parte, la ministra de Agricultura del país, Tereza Cristina Da Costa, en su discurso inaugural en su cargo, defendió a la gran industria agraria, a pesar de las acusaciones de crecer a costa del medio ambiente y de los derechos de indígenas y afrodescendientes.

“Brasil es un país con una legislación medioambiental extremadamente avanzada y es más que capaz de preservar sus bosques nativos. Nuestro país es un modelo a seguir, no un trasgresor al que castigar”, aseguró.

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