Declaran culpables a siete de los ocho implicados en crimen contra Berta Cáceres

Siete de los ocho procesados por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016, fueron declarados culpables este jueves 30 de noviembre por un tribunal de Honduras. La individualización de la pena se dictará el 10 de enero de 2019.

Fuente: Nodal

Cáceres, 44 años, reconocida por su trabajo en la comunidad indígena lenca en contra de una presa que planeaban construir en sus tierras, fue asesinada a medianoche cuando dos hombres derribaron la puerta de entrada a su casa en La Esperanza, Intibucá, y uno de ellos disparó seis veces matándola a ella e hiriendo a su huésped, el ambientalista mexicano Gustavo Castro.

La Sala I del tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional por unanimidad de votos declaró culpables como coautores del delito de asesinato a Sergio Ramón Rodríguez Orellana, el gerente de asuntos comunitarios y medioambientales de la empresa Desarrollos Energéticos (Desa), y Douglas Geovanny Bustillo, teniente retirado del ejército que fue el director de seguridad de Desa hasta el 2015.

También fueron declarados culpables Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército), Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez, Edilson Duarte Meza y Óscar Aroldo Torres Velásquez.

Asimismo se les declaró culpables a Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Óscar Aroldo Torres Velásquez, Edilson Duarte Meza y Henry Javier Hernández Rodríguez a título de coautores del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio del testigo protegido.

Emerson Duarte Meza fue el único de los ocho implicados que resultó absuelto por el tribunal de justicia de Honduras por no habérselo encontrado indicios en el delito de encubrimiento del que estaba acusado, según el fallo.

Todos los condenados fueron capturados por la Atic en el marco de la Operación Jaguar entre mayo de 2016 y febrero de 2017.

El Código Penal en su artículo 117 penaliza el delito de asesinato con reclusión entre 20 y 30 años, mientras que el asesinato en su grado de ejecución de tentativa conlleva una pena de 13 años con 4 meses a 20 años de reclusión.

Según boletín del Poder Judicial, “los hechos en la fecha 2 de marzo de 2016 indican que cuando la víctima (Berta Cáceres) se encontraba en su casa de habitación en la colonia El Líbano, municipio de La Esperanza, Intibucá, en compañía del testigo protegido (el mexicano Gustavo Castro) varias personas ingresaron a la misma de manera violenta quienes portando armas de fuego dispararon contra la humanidad de la ambientalista quien murió en el acto, de igual manera lo hicieron en contra del testigo protegido causándole heridas de consideración”.

La familia de la ambientalista y grupos defensores del medio ambiente han alegado que la gente que ordenó el asesinato podría no enfrentar nunca a la justicia por el crimen de la ambientalista.

Sin embargo, Desa ha negado su participación en la muerte de Cáceres y “cualquier acto de violencia o intimidación en contra de cualquier persona”.

Para investigar el asesinato se conformó un equipo hondureño con el apoyo de dos asesores estadounidenses, por ser este un caso de alto perfil que ha estado en la mira del mundo.

En 2015, Cáceres ganó el Premio Medioambiental Goldman, que se otorga a líderes ambientalistas comunitarios.

Desa obtuvo la concesión para construir la presa Hidroeléctrica Agua Zarca, al oeste de Honduras, en 2009.

La comunidad lenca, que debió ser consultada según la ley, se opuso al proyecto desde el principio bajo el argumento de que la hidroeléctrica pondría en peligro los recursos acuíferos y la forma de vida de la comunidad, una lucha librada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fundado por Cáceres.

Al momento de su asesinato, Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante reiteradas denuncias por amenazas.

Pruebas testimoniales

Después de cinco semanas del juicio oral y público, los jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional, declararon culpables a los siete imputados que el Ministerio Publico acusó como autores intelectuales y materiales del asesinato.

Los fiscales asignados al caso presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas donde se demostró la participación que tuvieron los condenados antes, durante y después del hecho, informó el Ministerio Público en un comunicado.

Vaciados telefónicos, escuchas, declaración de testigos, pruebas balísticas y testimonios de los acusados sirvieron como carga probatoria expuesta en el juicio contra cada uno de los imputados, por lo que en las conclusiones del mismo se pidió por parte de la Fiscalía condenas por los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.

Familiares de Berta no están conformes con la decisión

Comunicado de la Familia de Berta, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo que juzga a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Oscar Haroldo Torres y Emerson Duarte

El veredicto que acaba de emitirse NO satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato a Gustavo Castro.

Este fallo que se ha pronunciado en la Sala I del Tribunal de Sentencia que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA no significa que se ha alcanzado justicia.

Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune.

Desde el inicio de este proceso, hace casi tres años ya, ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real.

Lo que ha quedado todavía más claro de este proceso judicial del cual hemos sido expulsados, debido a que no nos hemos callado ante todas las arbitrariedades que a diario fueron sucediendo en los tribunales, es que la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres.

Nuestra participación como víctimas es parte fundamental en el proceso de justicia y el Estado, al excluirnos de manera sistemática, perpetúa la impunidad que inunda este país y que tanto daño hace.

Durante el juicio fuimos testigos, así como los observadores internacionales, los miembros del cuerpo diplomático y la prensa, de las comunicaciones telefónicas que evidencian esta participación. Esto también dejó claro que los hechos criminales cometidos por la empresa DESA bajo la dirección de esta familia van más allá del asesinato y comprenden una serie de crímenes realizados en contra de Berta Cáceres, del COPINH, del pueblo Lenca e incluso de la administración pública y del Estado de Honduras.

Preguntamos al Estado y sus instituciones ¿Qué intereses están en juego y motivan que con sus comportamientos protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad??

Exigimos que sean traídos ante la justicia a todos los responsables por el asesinato de Berta Cáceres y no únicamente quienes pagados por DESA ejecutaron el crimen.

Con el capítulo que se cierra hoy, las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos.

Estas condenas, son el primer escalón en la búsqueda de justicia y la familia, Gustavo Castro, el COPINH y los equipos legales hemos estado acompañados de quienes creen en Berta Cáceres, en su palabra y acción y sabemos que van a seguir estando coherentemente del lado de la verdad y la justicia en las batallas venideras que con total determinación haremos.

La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la Dignidad, la Verdad y la Justicia, prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo

¡La justicia hondureña está en deuda con nosotras y nosotros, con todo el pueblo hondureño!

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 29 días del mes de noviembre del año 2018.

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