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Soraya El Achkar (Archivo/ AVN)
Este 6 de abril se cumple un año del asesinato de Jairo Ortiz, la primera de las 142 víctimas de las guarimbas o hechos violentos promovidos por la oposición en 2017 para intentar derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Desde el programa La Ventana, que conduce Enza García en Alba Ciudad 96.3 FM, la directora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Soraya El Achkar, dio más detalles sobre el informe que se entregó en febrero pasado a la Asamblea Nacional Constituyente sobre las personas asesinadas en estos lamentables hechos. Señaló que la justicia militar no debió usarse contra civiles, pero cree que no quedó otro camino luego de que numerosos fiscales del Ministerio Público permanecieron de brazos caídos durante los hechos, llegando al extremo de colocar carteles diciendo que quienes fueran detenidos no iban a ser imputados.
Entrevista: La Ventana / Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)
Escuche la entrevista:
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización no gubernamental con más de 32 años atendiendo a víctimas de abusos policiales, entregó el pasado mes de febrero un informe a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), tras haber visitado a numerosos familiares de las víctimas fatales de las acciones violentas de 2017.
El Achkar acotó que, según su informe, hubo 142 personas fallecidas durante los hechos violentos de 2017, de las cuales “52 personas fallecieron por abusos de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana o de algún otro organismo”, es decir, un 37 por ciento. El resto ocurrió por responsabilidades individuales de personas, que el Ministerio Público tiene que aclarar; “algunos fueron por accidentes de tránsito producto de las trancas de las vías; otros fueron daños autoinflingidos“, dijo en particular sobre aquellas personas que murieron manipulando morteros. “Otros muchos tantos murieron por armas de fuego, accionadas por civiles armados“. También recordó que hubo muertes por linchamientos y personas quemadas vivas.
Murió el joven que fue quemado vivo por grupos violentos hace dos semanas en Altamira
Señaló que hay una responsabilidad de la sociedad para no olvidar; “nosotros podemos perdonar, pero no olvidar para que nunca más se repita (…) estas cosas jamás se pueden repetir en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad de bondad y solidaria. Esos no son los valores de los venezolanos”.
Indicó que hay una responsabilidad del Estado para que no haya impunidad; “todos los casos deben ser resueltos; en todos los casos debe haber justicia, porque sin justicia tampoco puede haber paz. Hay que hacer todo el esfuerzo y toda la sociedad debe exigir que no haya impunidad en ninguno de estos 142 casos”.
En más del 40 por ciento de los casos ha habido identificación de los responsables y hay incluso personas detenidas. “Son delitos, y frente a los delitos no podemos ser cómplices, ni podemos ser flexibles y lazos frente al delito. Tenemos que exigir que la justicia se cumpla y se sancione a todos los responsables”.
Responsabilidad de grupos políticos por el financiamiento
El informe de la Red de Apoyo señala que hubo mucha intencionalidad por parte de grupos políticos de oposición, de financiar los hechos violentos. “Nosotros recorrimos todo el país y vimos con estupor testimonios de cómo se financiaba a jóvenes para que trancaran las vías, enfrentaran a la fuerza pública, azuzaran la violencia, impidieran el paso o cobraran peajes. Incluso ofrecían droga, dinerop o licor, aupando la miseria humana. Esto no podemos permitir que se repita”.
También señaló que estos grupos de la oposición ensayaron hacer ver, sobre todo a la comunidad internacional, que en Venezuela había un estado fallido. “Por fortuna hubo capacidad de contención y, con mucha paciencia, se logró la disolución de todos los episodios de violencia”.
Señaló que, de las 142 víctimas fatales, el 46 por ciento no estaban participando en las manifestaciones. El 80 por ciento del total de víctimas eran jóvenes, el 17 por ciento eran adolescentes y nueve eran mujeres, ninguna de las cuales tenían que ver con las protestas.
Para la elaboración del informe, la Red de Apoyo recorrió todo el país. “Todavía no había terminado el episodio de violencia; las heridas estaban muy frescas. Sin embargo, nos recibieron y, con mucho respeto, recogimos los testimonios”. Indicó que el informe será colgado próximamente en la página web de la Red de Apoyo para que todos tengan acceso a él.
“Lo común en todos los casos es el dolor por la pérdida de sus hijos. En segundo lugar, ¡un reclamo unánime de justicia, justicia y más justicia! Y los familiares de un lado y del otro piden que esto no se repita; que no quieren esto para Venezuela”.
Indicó que los familiares de víctimas opositoras se sienten decepcionados porque sienten que hubo utilización de sus hijos. “Aquí hubo entrega de armas no convencionales. Había en la calle armas para enfrentamiento con la policía de altísima letalidad, y por ello la reacción del otro lado también responde a ello”.
Relató situaciones que ella misma recogió: una familia de maestros en las que una de las hermanas se asomó de su casa para atender a una muchacha que venía huyendo, para recogerla, y la tomó una bala perdida de un oficial de la Policía de Lara. “Era una señora con medallas olímpicas, trabajo comunitario, una maestra del barrio, asesinada” por este evento que dejó mucho dolor en innumerables familias.
Justicia militar tuvo que usarse ante inacción del Ministerio Público
Indicó que el uso de la justicia militar contra civiles, que no debió haber sido porque todos los civiles deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, por su juez natural; sin embargo, tuvo que hacerse porque el Ministerio Público estaba de brazos caídos. “En algunos estados, tuvimos testimonios de fiscales participando en hechos violentos, con cartelitos en los tribunales que decían: ‘aquí los esperamos para no juzgarlos, para no imputarlos’. Denunció que hubo órdenes directas del Ministerio Público en su sede central, diciendo a los fiscales regionales, que tienen autonomía para la clasificación de los delitos: ‘ustedes no pueden clasificar delitos ni imputar'”.
Los fiscales regionales recibieron órdenes directas de quedarse brazos caídos y no hacer nada ante esta situación. “Era una situación de desolación jurídica, ¡había que hacer algo!”.
Por ello, se implementó la justicia militar en el caso de algunos civiles. “Es que prácticamente allí no había otra alternativa. Un poder como el Ministerio Público estaba de brazos caídos” y no ponía coto a todos los delitos cometidos. Señaló El Achkar que varios de estos fiscales renunciaron apenas se instaló la Asamblea Nacional Constituyente y fue nombrado Tarek William Saab en el lugar de Luisa Ortega Díaz. “No tengo claridad de si fueron todos los denunciados, si se fueron o si hay alguien investigado por esos hechos. Yo aprovecho la oportunidad para pedir que se investigue a todos los fiscales” para combatir la situación de “desolación jurídica”.
No puede quedar impune ningún caso de violación de derechos humanos
Más del 37 por ciento de las muertes fueron causadas por funcionarios policiales o militares; de ellos, según la última información obtenida es que entre el 30 y el 50 por ciento de los responsables están detenidos. “Hemos estado insistiendo en que es absolutamente necesario que no quede impune ningún caso por violación de derechos humanos. Independientemente de cuáles fueron las circunstancias, nosotros tenemos que sentir que, en los organismos de seguridad, uno encuentre certeza de que van a proteger la ley y van a proteger a los ciudadanos”.
Recordó que el presidente Maduro dio ordenes directas de no usar armas de fuego no autorizadas en las manifestaciones. Algunos oficiales de policía y de la guardia las utilizaron, pasando por encima de una orden directa del Presidente de la República. “Las armas de la República no pueden ser usadas en contra del pueblo, y los protocolos para el control de las manifestaciones son muy claros en el país. ¿Cómo es que tú pasas por encima del protocolo, de una orden dada por el Presidente de la República, del Código de Conducta de los oficiales de seguridad, por encima de la Constitución, por encima de la Ley Orgánica del servicio de la Policía y utilizas armas que no están autorizadas para dañar a los ciudadanos? Eso no tiene ningún sentido y no se puede permitir”.
“Así como como se puede permitir que ciudadanos comunes anden armados y generen focos de violencia, tampoco se puede permitir que los cuerpos de seguridad abusen de su autoridad”.
Red de Apoyo busca reorganizarse
Señaló que la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz tiene 32 años en funcionamiento prestando sus servicios gratuitos, pero que en estos momentos no está en funcionamiento.
“En estos momentos la Red de Apoyo está en un proceso de repensar; tenemos las oficinas cerradas en estos momentos, lamentablemente, por falta de financiamiento. Estamos en la búsqueda de nuevos aportes para poder reorganizar la Red de Apoyo. Por ahora el servicio es mínimo y está solamente difundiendo información a través de su página web, pero lo demás está a la espera de poder reactivar la organización”.
Otros informes
Varios medios de comunicación, entre ellos la emisora Alba Ciudad, realizaron informes sobre las víctimas de las guarimbas y protestas violentas.
Este es el informe de Alba Ciudad, que recopila información sobre las primeras 131 víctimas fatales.
Además, en su sección “Guarimbas 2017”, la página web de Alba Ciudad recopiló unas 350 noticias sobre los hechos violentos del año pasado, ordenadas cronológicamente, comenzando por la más reciente.
El Ministerio para la Comunicación e Información también publicó, en junio de 2017, un informe con las víctimas fatales de los hechos violentos.
En junio de 2017, la Defensoría del Pueblo también publicó un informe con los casos de víctimas tras dos meses de violencia, el cual fue actualizado a medida que se obtenía más información sobre los casos.