Esta noticia fue publicada hace mucho tiempo
Usted está leyendo una publicación de nuestros archivos de noticias, hecha hace 6 años. Cerciórece siempre de la fecha de publicación de una noticia y no permita que personas inescrupulosas la hagan pasar como actual.
Foto: Unión Radio / JC
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, introdujo un documento este lunes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dirigido “al Presidente y demás magistrados de dicha institución”, para que impugnen la designación de 33 magistrados realizada el 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional constituida para ese momento. Posteriormente, en una entrevista en Unión Radio, la Fiscal argumentó que los funcionarios “representan un obstáculo para la paz del país”, y que su designación es “un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas a la crisis del país, sino que el por el contrario la acelera”. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, desmintió la versión de la Fiscal, de que ella supuestamente estaba en contra de su designación en 2015.
Texto: Alba Ciudad, AVN y Prensa MP
Durante una entrevista transmitida por la emisora Unión Radio, explicó que con esta medida se buscaría “demandar la nulidad del acuerdo emanado por los diputados del Parlamento venezolano en esa oportunidad”, refiriéndose al nombramiento hecho por la Asamblea Nacional que, en ese momento, tenía mayoría del chavismo.
En ese sentido, expresó que la supuesta falta de legitimidad sobre el origen de los magistrados afecta la idoneidad e imparcialidad. “Es sin duda un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas a la crisis del país, sino que el por el contrario la acelera”, aseveró la máxima representante del Ministerio Público.
Refirió que el Tribunal “representa un obstáculo para la paz del país”, por lo que citó el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala que los ciudadanos tienen el derecho de acceso a la justicia y el Estado debe garantizarlo. Acerca de la selección de los magistrados, advirtió la supuesta irregularidad de su escogencia.
Ortega Díaz explicó que no actuó con prontitud en este tema, debido a la poca posibilidad de tener acceso a los actos y actas dentro del Consejo Moral Republicano.
Supuestamente no firmó el acta
La Fiscal asegura que el acta no fue firmada por ella ni por la secretaria del Consejo Moral Republicano. Indicó que en la actualidad no tiene certeza sobre la forma cómo se hizo la elección, lo que la llevó a presentar la demanda de nulidad contra 13 magistrados principales y 20 suplentes.
Al respecto, el defensor del Pueblo, Tareck William Saab, negó esta versión y señaló que, durante el proceso de preselección de los actuales Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), realizado en diciembre del 2015, Ortega Díaz no emitió opinión en contra.
Durante un contacto telefónico para Venezolana de Televisión, el Defensor del Pueblo recordó que de acuerdo al procedimiento de selección de los magistrados, se convocó al Contralor de la República y a la Fiscal General para que participaran en el proceso de preselección de los Magistrados, tal y como lo establece la Constitución.
“Ella participó en esa reunión con pleno derecho y debo decir que en los testimonios y archivos de esa reunión que ocurrió el día 16 de diciembre para discutir la preselección de los ciudadanos magistrados del TSJ, la ciudadana Fiscal de la República no emitió opinión en contra, ni oral, ni por escrito. De haberlo hecho, la constancia hubiese quedado en los archivos del Consejo Moral Republicano”, dijo.
El artículo 264 de la Carta Magna establece que para escoger los Magistrados del TSJ, los candidatos participan en una ronda de preselección ante el Comité de Postulaciones Judiciales. Luego se realiza una segunda preseleccion por parte del Poder Ciudadano antes que la Asamblea Nacional escojan a los ciudadanos que ocuparán los altos cargos.
Ortega Díaz dijo que espera que el máximo tribunal decida y que se inhiban los magistrados involucrados, quienes deben separarse del conocimiento de esa causa. Asimismo, pidió una acción de amparo cautelar a los fines de los actos impugnados, debido a la violación de las disposiciones de rango constitucional como el debido proceso, la garantía de una justicia transparente por la que se debe velar, “porque nosotros debemos garantizar la paz del país y el Estado de derecho”.
Amenazas
Por otra parte, Ortega Díaz denunció amenazas contra su familia, por lo que responsabilizó al Ejecutivo de lo que pueda pasarle a cualquiera de sus integrantes. Afirmó que actualmente son acosados por mensajes y perseguidos por patrullas que, al parecer, pertenecen al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En cuanto a los señalamientos que califican sus opiniones como políticas, enfatizó que son de carácter estrictamente jurídicas y apegadas al ordenamiento jurídico. Dice que su interés es que haya atención debida a los ciudadanos en las diferentes instituciones del país.