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Hace tres semanas se cumplieron 28 años de los sucesos del 27 y 28 de febrero y 1ro de marzo 1989, uno de los acontecimientos más sangrientos durante la llamada Cuarta República, que dejó heridas tan grandes y profundas que aún permanecen abiertas en el corazón de los venezolanos.
Texto: Ciudad Caracas
Casi tres décadas después de aquella tragedia, se ha dado un paso al frente en el proceso de reivindicación y justicia, no solo a las víctimas del llamado Caracazo, sino a todas aquellas que padecieron la represión de los gobiernos del llamado puntofijismo, que detentaron el poder durante 40 años, con el trabajo y la presentación del informe elaborado por la Comisión por la Justicia y la Verdad (CJV).
Esta instancia fue creada en 2013 con el objetivo de precisar el saldo de personas asesinadas, perseguidas, torturadas, secuDDHHestradas y desaparecidas durante ese tiempo, solo por el hecho de pensar distinto a los regímenes de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera y Jaime Lusinchi.
La referida comisión estuvo presidida por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien formó un equipo de abogados, técnicos y expertos, complementado con víctimas directas y familiares de las mismas.
Su tarea fundamental fue realizar una profunda investigación en todo el país, haciendo visitas a antiguos teatros de operaciones militares y de cuerpos de seguridad civiles, ejecutando exhumaciones, entrevistando a campesinos y personas en calidad de testigos y revisando expedientes y libros de novedades, entre otras cosas, con el objeto de ir esclareciendo poco a poco lo que los organismos de seguridad de la época, principalmente la Dirección General de Policía (Digepol), el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA) y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), trataron siempre de ocultar o tergiversar.
Junto al Ministerio Público participaron en este trabajo otros organismos del Gobierno y del Estado, entre ellos la Defensoría del Pueblo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el Ministerio de la Defensa y la Corte Marcial.
La iniciativa de crear un colegiado de esta naturaleza surgió producto de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, sancionada por la Asamblea Nacional el 18 de octubre de 2011 y promulgada por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, el 15 de noviembre del mismo año.
En dicho instrumento legal, el artículo 18, en su aparte 3, obliga al Estado a garantizar la reivindicación moral, social y política de todas las víctimas.
Adicionalmente, en el artículo 21 de la referida ley se señala en cuanto a la muerte por desaparición forzada, que la Comisión por la Justicia y la Verdad, en un lapso máximo de tres meses, presentará nombres de personas consideradas muertas y desaparecidas.
Exhumación y entrega de cuerpos
Luego de las gestiones de la CJV se logró la exhumación de más de 30 víctimas, cuyos cadáveres fueron hallados en distintos lugares del país, entre ellos Federico Bottini Marín, Américo Silva, Noel Rodríguez Mata, Alberto Lovera y Fabricio Ojeda.
Durante el año 2014, la referida comisión, en conjunto con el Ministerio Público, hizo posible la entrega de los restos de 10 víctimas de violaciones de derechos humanos por razones políticas: Noel Rodríguez, Alberto Rudas Mezones, Santos Martiarena, Gabriel García, Juan Vallejos, Tomás Chirinos, Jesús Antonio Tabares, José Ángel Martínez, Óscar Abelardo Martínez y Roberto Tovar.
La CJV, conjuntamente con el Ministerio Público, pudieron ubicar los cuerpos de Alfonso Rafael Lara, Ramón Antonio Álvarez, Juan Bautista Álvarez y Ángel Rabel Ramos, cuatro víctimas de torturas y desapariciones forzadas por razones políticas.
Los restos de estas personas fueron entregados a sus familiares en un acto solemne que se realizó el pasado 21 de junio de 2016 en el Teatro Nacional, con la participación del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y del defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
Recientemente, la CJV entregó a su viuda, Carla de Burguillos, el acta de defunción de César Burguillos, desaparecido el 17 de agosto de 1965.
Durante este período de cuatro años se inspeccionaron además 42 centros de reclusión y torturas en diversos estados del país (cárceles, sótanos, teatros de operaciones, cuarteles, fortalezas y sitios aislados) que fueron incluidos en la memoria histórica.
Recursos judiciales
Entre otros avances, se puede mencionar que en la actualidad cursan en el Ministerio Público mil 360 investigaciones penales relacionadas con delitos vinculados con la desaparición forzada de personas, torturas y homicidios.
La CJV impulsó mil 110 denuncias de oficio ante el Ministerio Público, las cuales fueron promovidas para iniciar la investigación penal sobre la represión entre los años 1958 y 1998.
El Ministerio Público ha solicitado ante los tribunales del país imputaciones contra delincuentes relacionados con los casos de Noel Rodríguez, Efraín Lavana, José Agustín Petit, así como los de Brenda y Marlene Esquivel.
Igualmente, cursan solicitudes de recursos extraordinarios de revisión constitucional de los casos de Fabricio Ojeda, Víctor Soto Rojas, Felipe Malaver, José Alberto Márquez Finol, César Millán, José Rafael Guerra, Santos Martiarena, Jesús Antonio Tabares, Miriam Barreto Merchán, Juan Chacón Lanza, César Burguillos, Ramón Salvador Pasquier, Asunción Ramón Higuera Miranda, Donato Carmona Natera, Tulio Ramón Arévalo Vera, Andrés Pasquier, Oswaldo Arena y Franklin Gómez.
Desglose de informaciones y datos
La CJV pudo revisar los expedientes que reposan en la Corte Marcial, relacionados con los procesos penales iniciados contra combatientes y militantes de izquierda de la época, de cuya revisión se han registrado mil 837 víctimas.
Además, se logró acceder a los cuadernos de novedades de los teatros de operaciones que funcionaron durante la época, identificando hasta la fecha 4 mil 852 víctimas correspondientes a detenidos, heridos, asesinados y puestos en libertad por falta de pruebas.
En cuanto a los expedientes que reposan en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), relacionados con investigaciones contra combatientes y militantes de izquierda de la época, los mismos señalaron que hubo 2 mil 630 víctimas civiles de la violencia.
Igualmente, se pudo identificar mil 302 víctimas directas de las extintas Digepol y Disip y se determinó que, de acuerdo con los libros de debates del extinto Congreso de la República, fueron realizadas 422 denuncias por violaciones de derechos humanos.
El arduo trabajo de cuatro años dio como resultado determinar que 10 mil 71 personas disidentes fueron víctimas certificadas del puntofijismo, y más de 30 mil afectadas de manera directa e indirecta.
Responsabilidad de un Estado humanista
La aprobación de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas entre el Período 1958-1998, dio pie para que el Estado asumiera la responsabilidad de reivindicar e indemnizar a víctimas y familiares de la represión cometida durante la llamada Cuarta República.
A partir de lo establecido en el artículo III del referido instrumento legal, la Comisión por la Justicia y la Verdad realizó un censo para incluir a 408 personas en los programas sociales del Gobierno del presidente Nicolás Maduro en una primera etapa. Adicionalmente fueron otorgadas 187 pensiones y 95 ayudas económicas.
Asimismo, fueron entregados 34 televisores, 3 viviendas y algunos otros beneficios de salud como medicamentos, exámenes y equipos médicos. La CJV, en conjunto con el Ministerio Publico, ha otorgado también beneficios a las víctimas mediante la inclusión en programas sociales, tales como operativos de comida, licencias de conducir, lentes correctivos y jornadas de vacunación.