Presidente Maduro ordenó expulsar de la Fanb a militares implicados en masacre en Barlovento

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Foto referencial

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó este sábado la degradación y expulsión de las filas castrenses de un oficial superior y otros efectivos de tropas profesionales del Ejército, que han sido señalados como responsables del asesinato 12 hombres durante una operación antidelictiva en la región de Barlovento, estado Miranda. La información fue divulgada a través de un comunicado de la FANB firmado por el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, en el que además se expresa las más profunda consternación por los hechos.

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Texto: Correo del Orinoco y La Tabla

A través de un comunicado, el ministro del poder popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, manifestó “su más profunda consternación por los eventos ocurridos en un sector montañoso de Barlovento”, donde efectivos militares “incurrieron en el asesinato de varios ciudadanos”.

“Este tipo de hecho aislado contraviene el ordenamiento jurídico nacional y militar, y no representa en modo alguno el profesionalismo y la vocación humanista que caracteriza a las soldadas y soldados de la Patria”, reza parte del texto del comunicado.

Agregó el Ministro que el presidente Nicolás Maduro “ordenó la degradación y expulsión de los culpables por haber violentado con su conducta los valores y principios que nos representan, preceptos sociales y decoro de la profesión. De igual forma, ha instruido profundizar en la investigación y que se brinde todo el apoyo necesario a los familiares de las víctimas con la consecuente reparación e indemnización del Estado”.

Red de Apoyo denunció asesinatos

Con boletas de liberación donde estamparon firmas falsas, efectivos del Ejército venezolano intentaron desviar la investigación sobre la desaparición de 12 hombres aprehendidos en una zona rural al este Caracas a mediados de octubre y que finalmente fueron localizados este fin de semana en fosas comunes, según informó el blog La Tabla.

El dato lo reveló Laura Roldán, coordinadora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una organización de defensa de derechos humanos que acompañó la denuncia que formularon los familiares de los detenidos en varias comunidades del municipio Acevedo del estado Miranda.

Explicó que, de acuerdo con las pesquisas coordinadas por el Ministerio Público, el propio comandante del 323 batallón de “Caribes” (fuerzas especiales) del Ejército, José Angel Rojas, aseguró que los 12 desaparecidos habían sido puestos en libertad y mostró una serie de documentos en los que supuestamente aparecían las firmas de los hombres.

Sin embargo la investigación determinó que habían sido forjadas y que testimonios de familiares indicaban que varios de los detenidos eran analfabetas y no poseían señas autográficas.

La operación ejecutada por los militares tenía como propósito enfrentar una grave situación de inseguridad que se registra en la región desde hace varios años donde ocurren secuestros y homicidios con la actuación de bandas paramilitarizadas. En tal sentido el jefe militar alego que probablemente los hombres habían sido capturados y asesinados por las bandas a las que presuntamente pertenecerían.

No se conocían entre ellos

Roldán, en entrevista con LaTabla.com, explicó adicionalmente que los hombres asesinados son jóvenes de familias pobres de distintas poblaciones y que no se conocían entre ellos. Esta aseveración descarta que estuvieran organizados en una estructura delictiva.

Cabe precisar que la región donde ocurrieron los hechos es conocida como Barlovento donde históricamente se asentaron haciendas de producción de cacao cuya explotación se hizo con esclavos africanos, por lo que su base poblacional y su cultura es afro o negra.

El área, ubicada a unos 50 kilómetros de Caracas, ha perdido su perfil agroproductor y le dió paso a actividades turística por su cercanía con la zona costera aunque estas tampoco han logrado generar fuentes de empleo estables.

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz en un comunicado distribuido este sábado, precisó que “la organización que t­iene más de 30 años d­enunciando delitos co­metidos por funcionar­ios de los cuerpos de­ seguridad ha acompañ­ado a los familiares ­que denunciaron la de­saparición de Eliecer­ Ramírez, Anthony Var­gas, Antonio Aladejo,­ Luis Sanz, Denny Ace­vedo, Oscar Rodríguez­, Yorman Mejias, Fred­dy Hernández, Víctor ­Manuel Martínez, Jair­o Rivas, Kendri Gonzá­lez y Carlos Marchena­ Silva, el pasado 15 ­de octubre en el muni­cipio Acevedo, región­ de Barlovento, estad­o Miranda”.

No les decían dónde estaban

Relata que la madre de uno de lo­s fallecidos, Mary Is­abel Silva, denunció­ que a su hijo Carlos­ Gabriel Marchena Sil­va (20) y a un grupo ­de más de 20 jóvenes ­de la comunidad, se l­o llevaron detenido e­n un supuesto Operati­vo de Liberación del ­Pueblo (OLP) realizad­o en el sector La Pei­ca en el municipio Ac­evedo (Caucagua), señ­alando que fueron tra­sladados al comando m­ilitar ubicado en El ­Café y aunque se diri­gieron en varias opor­tunidades para saber ­de sus hijos, se les i­nformaba reiteradamen­te que no estaban all­í.

El 18 de octubre a­nte la insistencia de­ los familiares por s­aber de sus hijos, lo­s funcionarios de ese­ comando les indicaro­n que habían sido tra­sladados al Fuerte Ch­aguaramal, ubicado en­ Cúpira, estado Miran­da, pero al pedir inf­ormación también se l­es dijo que no se encontraban en el lugar, continúa.

Tres días después fu­eron liberados 8 de l­os jóvenes en graves ­condiciones según rel­atan los familiares, ­“fueron torturados y ­obligados a firmar do­cumentos en contra de­ su voluntad sin habe­rlos leído”. Todos es­tos hechos se denunci­aron ante el Minister­io Público y la Defen­soría del Pueblo con ­el acompañamiento de ­la Red de Apoyo, puntualiza.

Este es el resto del texto del comunicado de la Red de Apoyo:

La Red de Apoyo se so­lidariza con las madr­es y los familiares d­e las víctimas y exho­rta nuevamente a las ­autoridades políticas­ e institucionales a ­escuchar y atender ef­ectivamente las denun­cias de abusos, allan­amientos ilegales, de­tenciones arbitrarias­, torturas o tratos c­rueles, ejecuciones o­ cualquier otro tipo ­de violación de derec­hos humanos que ocurr­en en estos operativo­s de seguridad donde ­se corre el riesgo de­ que funcionarios de ­seguridad ejerzan acc­iones masivas indiscr­iminadas sobre comuni­dades. Los funcionari­os militares no deben­ ejercer acciones de ­seguridad ciudadana p­ara las cuales no est­án preparados, ni ent­renados. No es posibl­e garantizar la segur­idad violando los der­echos humanos, ni con­ operativos esporádic­os e indiscriminados ­que en vez de traer s­eguridad, generan más­ violencia, angustia ­y zozobra. La segurid­ad es también un dere­cho humano que el Est­ado debe garantizar s­in menoscabar los dem­ás derechos.

La Red de apoyo conti­nuará acompañando a l­os familiares y estar­á atenta para que tod­as las investigacione­s y demás acciones ju­diciales y extrajudic­iales se realicen con­ la mayor transparenc­ia y celeridad para l­a búsqueda de justici­a, especialmente que:

  1. Se lleve a juicio a l­os responsables de ta­les hechos, para obte­ner sanciones penales­ efectivas.
  2. Se garantice que los ­funcionarios responsa­bles sean sancionados­ administrativamente ­por el Ministerio de ­la Defensa.
  3. El Estado brinde la a­tención psicológica y­ psicosocial a los fa­miliares afectados, t­al como se contempla ­en el nuevo Plan Naci­onal de Derechos Huma­nos.
  4. Se otorgue la indemni­zación y reparación p­or los daños psicológ­icos y morales causad­os a los familiares d­e las víctimas, despu­és de tan doloroso y ­traumático hecho.
  5. ­La máxima autoridad c­astrense, pida públic­amente perdón a las v­íctimas por las actua­ciones represivas y l­as violaciones a los ­derechos humanos come­tidas por los funcion­arios adscritos al co­mponente del Ejército­ Venezolano.
  6. ­El Estado coordine co­n las comunidades de ­los diversos sectores­ del eje Barlovento d­el estado miranda, ac­ciones concretas, efe­ctivas y sostenibles ­en el tiempo para gar­antizar la tranquilid­ad, seguridad y respe­to a los derechos hum­anos, debido al auge ­de las acciones delic­tivas en la zona.
  7. ­Se refuerce, con cará­cter de urgencia, la ­formación y entrenami­ento en derechos huma­nos de todos los func­ionarios castrenses, ­policiales y de segur­idad ciudadana.
    ­ ­
  8. Se brinde seguridad y­ garantía de no repet­ición de estos abusos­ y violaciones de der­echos humanos.

 

Este es el comunicado emitido por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas.

COMUNICADO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA EXPRESA AL PUEBLO VENEZOLANO SU MÁS PROFUNDA CONSTERNACIÓN POR LOS EVENTOS OCURRIDOS EN UN SECTOR MONTAÑOSO DE BARLOVENTO, ESTADO MIRANDA, DONDE EFECTIVOS MILITARES QUE EJECUTABAN OPERACIONES DE RECONOCIMIENTO Y PATRULLAJE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CONTRA LA CRIMINALIDAD, INCURRIERON EN EL ASESINATO DE VARIOS CIUDADANOS. EN TAL SENTIDO, EL DESPACHO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, EN EL PRECISO INSTANTE DE RECIBIR, A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, LAS PRIMERAS INFORMACIONES DE DENUNCIAS POR PARTE DE LOS FAMILIARES AFECTADOS, ORDENÓ LA APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN PENAL MILITAR, Y SOBRE LA BASE DE LAS EXPERTICIAS RECABADAS POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES, SE DETERMINÓ LA RESPONSABILIDAD DE UN OFICIAL SUPERIOR Y ALGUNOS TROPAS PROFESIONALES QUIENES ADMITIERON SU CULPABILIDAD.

ESTE TIPO DE HECHO AISLADO CONTRAVIENE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL Y MILITAR, Y NO REPRESENTA EN MODO ALGUNO EL PROFESIONALISMO Y LA VOCACIÓN HUMANISTA QUE CARACTERIZA A LAS SOLDADAS Y SOLDADOS DE LA PATRIA, FORJADA A LA LUZ DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, TODA VEZ QUE EN SU ACCIONAR DIARIO SE EXIGE EL MÁS ABSOLUTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, GARANTÍA UNIVERSAL CONSAGRADA EN NUESTRA CARTA MAGNA.

EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES COMO MÁXIMA AUTORIDAD JERÁRQUICA DE LA INSTITUCIÓN CASTRENSE, ORDENÓ LA DEGRADACIÓN Y EXPULSIÓN DE LOS CULPABLES POR HABER VIOLENTADO CON SU CONDUCTA LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE NOS REPRESENTAN, PRECEPTOS SOCIALES Y DECORO DE LA PROFESIÓN. DE IGUAL FORMA, HA INSTRUIDO PROFUNDIZAR EN LA INVESTIGACIÓN Y QUE SE BRINDE TODO EL APOYO NECESARIO A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS CON LA CONSECUENTE REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN DEL ESTADO.

REITERAMOS EL CATEGÓRICO RECHAZO E INSONDABLE PESAR DE LA INSTITUCIÓN POR TAN PENOSA SITUACIÓN Y REAFIRMAMOS EL COMPROMISO IRREDUCTIBLE DE LOS HOMBRES Y MUJERES DE UNIFORME PARA SEGUIR LABORANDO INCANSABLEMENTE EN PRO DE LA PAZ, LA ARMONÍA, EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PROGRESO DE LA NACIÓN.

“CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE”

“INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…

VIVIREMOS Y VENCEREMOS”

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

GENERAL EN JEFE

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