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Artículo de opinión del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, tomado de su blog y también publicado en el diario CiudadCCS este 1 de marzo de 2016, en el que compara eventos como El Caracazo y La Salida, y opina sobre la llamada Ley de Amnistía que proponen grupos y partidos de derecha en el Parlamento.
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De los rasgos más perniciosos que entraña la derecha venezolana subrayo su incapacidad de sostener la política frente al conflicto. No hablamos de cualquier tara sino de una oscura debilidad que ha dado resultados trágicos para el país. El período de violencia de 1960/70, por ejemplo, nos habla de una subjetividad que ante el dilema de dialogar con el adversario o hacerle la guerra, no duda en tomar esta última opción. El camino de la política habría sido el más dilatado y sinuoso, ciertamente, pero su tránsito no sólo ahorraba al país mucho dolor, también hubiera cultivado una experiencia sobre las posibilidades de una realización colectiva. Masacres como Yumare, Cantaura, El Amparo o Tazón; perpetradas contra la población civil, se dieron bajo la plena hegemonía de la derecha, es decir, mucho tiempo después de borrar a sangre y fuego los focos guerrilleros. La salida bélica hace parte de la doctrina moral y legal de la derecha, justificada en el mito de los consensos imperativos contra el problema de la diferencia.
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Examinemos 2 episodios que marcaron al país: El Caracazo y La Salida. Si bien distantes en el tiempo y en las situaciones de poder, están unidos no obstante por una misma pulsión de muerte contenida en la ideología liberal. El primero de ellos y a propósito del triste aniversario nos refiere a los inolvidables saldos del 89. Con un recién investido gobierno de turno, la derecha enfrenta la crisis total de su modelo. El detonante fue la adopción de una serie de medidas económicas con las que el F.M.I. ensayaría el programa neoliberal para las democracias de América latina. El conflicto social se reactivó y se canalizó en 3 días toda la inconformidad acumulada y acallada por décadas. La respuesta del gobierno de Carlos Andrés Pérez fue la de suprimir radicalmente el copioso descontento. La violencia policial y el consentimiento de la ley: otra vez la guerra, otra vez los muertos y con ellos, el entierro de la política. El segundo episodio es el 12 febrero de 2014. Ya fuera del poder central y con mecanismos constitucionales para revocar un gobierno legítimo; la derecha prefiere la violencia. Negados a la organización social, a la producción de una identidad colectiva, la élite opositora organiza una insurgencia constituida principalmente por células paramilitares. Se ocultan en la fachada de la “juventud universitaria”, y en la propaganda internacional, acciones terroristas contra el pueblo. El guión aplicado en la extinta Yugoslavia tenía el mismo objetivo: hacer una guerra civil para disolver el Estado.
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La postguerra no se mide sólo por los muertos y acre de dolor que deja a su paso sino por un panorama desolador que trasciende como violencia residual: la despolitización. Tiraniza la crueldad cuando no somos capaces de formar una voluntad. La llamada Ley de Amnistía es otra muestra de la incapacidad política de la derecha, hoy mayoría parlamentaria. En lugar de encarnar positivamente el conflicto y en ese sentido producir experiencias para una coexistencia pluralista (los métodos están descritos en la constitución); resuelve perdonar todos los crímenes cometidos en nombre de una aventura fratricida, con lo cual lejos de promover la reconciliación, legalizaría el porvenir de la violencia. Le corresponde al pueblo defender el más alto patrimonio alcanzado en los últimos 17 años de vida colectiva, esto es: su derecho a decidir y sostener la paz.