Datos y claves del golpe suave en Ecuador

14 agosto, 2015

corrrea_2Si fechamos el comienzo de la acción coordinada de la coalición de partidos, movimientos y ONGs contrarios al gobierno de Rafael Correa, tendríamos que poner a la última elección regional como el inicio de la escalada, ya que parte de los principales protagonistas que encabezan la vocería contra el presidente son los ganadores en esa contienda, y después fechar su nueva escalada en el actual paro nacional lanzado contra el presidente, con una marcha indígena como aperitivo previo.

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Texto: Misión Verdad

Es que en las ciudades y el estado donde el partido oficialista Alianza País perdió, Guayaquil, Quito y la prefectura de Azuay, se dan los principales focos de protestas en los que convergen desde una Central Sindical, un movimiento indígena, un partido del mismo sector, Pachakunik (con larga trayectoria de ser cercano a los intereses estadounidenses), hasta grupos de izquierda y sectores estudiantiles formados con el mismo entrenamiento de enfrentamiento a las fuerzas públicas, utilizado en las guarimbas venezolanas e iniciado en las revoluciones de color de los ex países soviéticos.

Todas estas claves se encierran en distintas agendas, acordes a la diferencias tácticas intra elite occidental y criolla de nuestros países, de corto, mediano y largo plazo, en tanto y cuanto tratan de fomentar un “cambio de régimen” por vía “pacífica” a través de un golpe de Estado o revolución de color. Ante esto, es imprescindible trazar un mapa de lo que hoy se mueve superficial y subterráneamente en la política ecuatoriana, así como su importancia regional dentro de un plan aún más sofisticado por retomar el control de la región y frenar el arribo del mundo Brics con China a la cabeza.

De la “política” al golpe suave

A partir de las elecciones de las alcaldías en 2014, la pérdida de Quito en manos de Manuel Rodas, la tradicional opositora Guayaquil con Jaime Nebot y la conservadora Azuay con Paul Carrasco, llevó a una agudización de la conflictividad interna del país. Cerca de estas fechas fue cuando el presidente Rafael Correa denunció que se preparaba un golpe suave en su contra cuando apenas iniciaban las marchas de oposición.

Si hacemos un mapa de los actores políticos movilizados desde diversas agendas gremiales, encontramos:

  • Al Frente Unitario de Trabajadores, una especie de Central de Trabajadores de Venezuela (CTV); la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, cuyo brazo político, Pachakunik, puso el vicepresidente del candidato de los bancos, Guillermo Lasso, en la última elección; diferentes organizaciones estudiantiles de izquierda y de derecha, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores; los parlamentarios opositores; el mismísimo Lasso; y por último los tres alcaldes Rodas, Nebot y Carrasco.
  • A partir de la agenda gremial de cada sector, se generaron movilizaciones cuyo principal eje era el cuestionamiento al gobierno y, por supuesto, a Correa. A medida que pasó el tiempo, los actores se fueron cohesionando con base a dos puntos tácticos dentro de esta estrategia: el rechazo rotundo a la enmienda constitucional que permitiría la reelección de Correa en 2017, y a cualquier tipo de medida económica y fiscal que buscara captar ingresos en el Estado para paliar la crisis global y la caída del barril del petróleo, principal fuente de ingresos del país. Sea por izquierda o por derecha, los opuestos se unieron.
  • Así que el eje de la movilización y la “protesta” contra Correa se cohesionó alrededor del no a la enmienda, no a las medidas de salvaguardias (especies de impuestos a la importación de productos sensibles a la mínima producción ecuatoriana), y por último no a la ley de herencias y plusvalías, destinada a aumentar el dinero pagado por el 2% más rico de la población. Todas estas medidas apuestan a mantener en movimiento la economía, hacer sostenible la salud, educación y alimentación de los ecuatorianos (entre otros derechos), y saltar por arriba la trampa del endeudamiento con una reforma fiscal progresiva que afecte a los que más tienen, en vez de las medidas tradicionales que siempre han afectado a la población general con aumento de IVA a todos los productos. Esto, en un año que sólo hasta abril, Ecuador dejó de recibir más de dos mil millones de dólares por la caída del barril de petróleo, uno de sus principales ingresos.

Los códigos de la intervención

Así que observamos claramente una sintonía, una táctica y una estrategia destinada directamente para movilizar el supuesto descontento, agudizar tensiones reales de agendas gremiales (laborales, indígenas, ambientales) y generar otras artificiales para encausarlas en una ofensiva directa hacia el consenso sobre la figura de Correa como líder político ecuatoriano, en un momento en el que su movimiento, Alianza País, intenta posicionar un posible sucesor para 2017, o activar la enmienda que permita al presidente volverse a postular.

¿Por qué decimos artificiales? Debido a que es conocido que una parte de la clase media urbana de Latinoamérica se ve expuesta en sus miserias individuales con la baja de la economía y necesita argumentos para movilizarse. Por esto es que, por ejemplo, la National Endowment for Democracy (NED, de Estados Unidos) destinó más de un millón de dólares en 2014 para “fomentar programas de participación ciudadana, entrenamiento para cuestionar al gobierno en relación al uso de recursos, la promoción de campañas de denuncias de supuestos casos de corrupción, la promoción de líderes opositores y estudiantiles”, entre otras medidas.

Tampoco es extraño que la Usaid haya destinado dinero al programa Costas y Bosques Sostenibles de tinte “ambientalista”, utilizado a una empresa expulsada de Bolivia por conspiración, Chemonics International Inc., e incluso tenga una asociación íntima con Fundamedios, una ONG destinada a “sistematizar los ataques a la libertad de expresión en Ecuador”. Esto acorde tanto a la agenda de Freedom House y del Departamento de Estado, quien calificó a Ecuador como un país donde “hay restricciones a la libertad de expresión”.

Todo perfectamente direccionado y dirigido hacia recuperar el país en el que tenían una base, la de Manta, de profundidad estratégica en la región, ya que les permitía tener una pista de aterrizaje con posibilidad de desplazarse en la región y ser punto de paso hacia África, entre algunas de sus ventajas.

¿Hacia dónde?

Con la presentación de la Ley de Herencias y Plusvalía, todas las agendas terminaron por confluir y escalar en agresividad mediática, política y callejera contra Correa, al punto de que, nuevamente, los actores políticos criollos buscan traccionar y llevar el “descontento” hacia una consigna unificadora: “Fuera Correa, fuera Correa”.

Claro, que dado el alcance de la escalada, ésta fue seguida de una sostenida campaña en redes sociales, medios del modelo SIP, donde, por ejemplo, se sobreexpuso el enfrentamiento de los estudiantes ecuatorianos con las fuerzas públicas de Ecuador. Al ver las filmacionesfotos, secuencias y el lanzamiento de una campaña llamada La Salida, las comparaciones son inevitables entre el principio de las guarimbas venezolanas y estas protestas, donde incluso hubo un intento por romper un cerco policial y unir dos manifestaciones opositoras para ir en contra de una oficialista cerca del palacio de Gobierno, similar también a los hechos que dieron lugar al golpe de 2002 en Caracas. En esta misma línea también se intenta generar una tensión en las filas del oficialismo para que sus militantes reaccionen desmedidamente y justifiquen una escalada con la sobreexposición mediática, adecuada y afilada similar a la usada en los hechos de Puente Llaguno. La acción más evidente para provocar esto es el reciente atentado contra una sede del movimiento Alianza País de Guayaquil, y al diario oficialista El Telégrafo.

Dentro de este contexto, el primer efecto de la estrategia fue sentar la matriz internacional (y cartelizada) de que hoy Ecuador atraviesa una “crisis política”, o una “crisis de legitimidad de Correa”, antes de la llegada al país del Papa Francisco para lo que vino después: una renovada ofensiva por intentar generar sentadas en plazas públicas, al mejor estilo Maidan ucraniano, donde las manifestaciones comenzaron con campamentos y terminaron en un golpe parlamentario, luego de una escalada de enfrentamientos entre opositores y fuerzas de seguridad.

A toda esta parafernalia se le suman dos signos de que también hay algo moviéndose en las profundidades del Estado ecuatoriano: el llamado a una nueva rebelión de los policías a través de vídeos (algo que ya sucedió en el intento de golpe de 2010) y los audios filtrados de militares buscando generar confusión de que un sector militar planea un pronunciamiento en contra de Correa (un rumor desmentido por el ministro de Defensa, Fernando Cordero). Esta última acción esconde un grado de peligrosidad ya que el factor militar es decisivo en la ecuación de poder en este país.

Respuesta y desenlaces

Al observar el cuadro, es obvio que el paro nacional es un nuevo argumento movilizante para acumular fuerzas. En el momento adecuado pretenden que exista una escalada con la activación del dispositivo previsto en este tipo de movimientos prefabricados y de manufactura. Mientras esto intenta encausarse, lo que reúne y articula este frente destituyente es la ofensiva directa hacia inviabilizar el programa económico de Correa para proteger la estabilidad ecuatoriana ante la crisis actual del capitalismo global, y por eso el golpe político contra la institución presidencial se cobra doble.

En sí, esta guerra económica en ciernes sólo reúne las debilidades de una economía dolarizada y apunta a que éstas se agudicen y rutinicen en la cotidianidad del país, con funcionalidades cortoplacistas en un país donde hasta la llegada de Correa era común que los presidentes no terminaran sus mandatos, y otras utilidades apuntadas a una elección presidencial en 2017, donde la oposición debe posicionar nuevos liderazgos que sean competitivos y así debilitar al máximo la figura del primer mandatario (y la de Alianza País) para que, en caso de que gane, su legitimidad esté en duda.

Como sea, lo cierto es que Estados Unidos no sólo quiere controlar el único país del pacífico sudamericano que no domina directamente, ni tampoco abrirlo a las puertas del saqueo extremo estilo Chevron, sino que esta ofensiva va en consonancia tanto con la pérdida de legitimidad de Dilma Rousseff, el recambio presidencial en Argentina, los diálogos de paz en Colombia, el acercamiento con Cuba, el inicio de una ofensiva en El Salvador y el asedio contra Venezuela: los soberanistas y revolucionarios deben desaparecer y una estrategia de pinzas en simultáneo parece ser un intento de fórmula.

Por lo pronto, Correa ya ha tomado sus previsiones inmediatas: visibilizando la agenda ultra detrás de la ofensiva con el diálogo nacional, y obligando a que los banqueros y empresarios den el salto a la política, y sus costos, por lo que apuesta a aislar y desgastar el músculo destituyente con movilizaciones a su favor.

Lo cierto, es que esto viene para largo, y que el mismo plan en Venezuela fue desarticulado de la misma forma.

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