Víctimas de las Guarimbas y Comité por Ayotzinapa exigen a los poderosos no manipular los derechos humanos a su conveniencia

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Oscar Carrero es uno de los 878 lesionados que hubo durante esos días. “Producto de una bomba casera, la llamada ‘Papita’ hecha con C4, clavos, aluminio y metra, yo perdí mi mano derecha. Foto: Luigino Bracci

Elvis Durán tenía 29 años. El 22 de febrero de 2014 regresaba del trabajo a su casa cuando un alambre colgado a lo ancho de la avenida Rómulo Gallegos del municipio Sucre, estado Miranda, lo degolló. Oscar Carrero es uno de los 878 lesionados que hubo durante esos días. “Producto de una bomba casera, la llamada ‘Papita’ hecha con C4, clavos, aluminio y metra, yo perdí mi mano derecha. Así como hubo instituciones públicas que perdieron todo, ambulancias, Pdval, Mercal. En el estado Táchira hubo un desangramiento total, por el llamado que hizo Leopoldo López, Daniel Ceballos y el alcalde Ledezma”, expresó el pasado sábado en el conversatorio “Situación actual de los derechos humanos”, realizado en el marco del Congreso Internacional “Inventar la democracia del siglo XXI”. Activistas de derechos humanos de México y Venezuela mostraron dos realidades diametralmente opuestas en la sala Amábilis Cordero de la Biblioteca Nacional, donde se dieron cita Aldemaro Barrios, de la Comisión por la Justicia y la Verdad (Venezuela); Jesús Franco, del Comité de Solidaridad con Ayotzinapa (México); y el Comité de Víctimas de las Guarimbas (Venezuela), representado por Desiree Cabrera, Luis Durán, William Bastardo y Oscar Carrero, quienes hicieron un balance de las realidades en ambos países.

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Texto: Prensa MPPC (Laura Farina) y Alba Ciudad

Audio completo:

El Comité de las Guarimbas del 2014, es una asociación que reúne a familiares fallecidos y víctimas directas de los hechos de violencia ocurridos el año pasado. En el conversatorio, aprovecharon para expresar su más sentido rechazo a la violación de los Derechos Humanos de la que fueron víctimas en aquellos momentos de violencia desatada por la convocatoria de algunos dirigentes políticos de la derecha venezolana.

Ender José Bastardo vivía en Cumanacoa, estado Sucre, y se encontraba en una caravana horas después del triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 14 de abril de 2013. Murió instantáneamente luego de recibir un disparo de escopeta. “Este suceso fue cuando el señor Capriles Radonski hizo un llamado a la rabia, al odio y a la violencia, que es el sinónimo de la palabra que dijo ese día”, explicó el padre de Ender, William Bastardo, también presente en la actividad.

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William Bastardo (der.)

“Yo no quiero más estas cosas en mi país. Tengo un dolor. Nada más el hecho de no ver a mi hijo compartiendo con sus otros hermanos en una mesa, esto es doloroso. Yo quiero que se haga justicia para que reine la paz”, agregó Bastardo.

Luis Durán (padre de Elvis), Oscar Carrero, William Bastardo y Desireé Cabrera forman parte del Comité de Víctimas de la Guarimba y Golpe Continuado, asociación que reúne a familiares de fallecidos y afectados por los hechos de violencia ocurridos en Venezuela entre los años 2013 y 2014.

Durán recordó que su hizo falleció producto de las guayas que el militar retirado Angel Vivas ordenó colocar en las vías públicas. Criticó la presencia en Venezuela de los expresidentes Jorge Quiroga, de Bolivia, y Andrés Pastrana, de Colombia, quienes vinieron a pedir la libertad de Leopoldo López y otros impulsores de las guarimbas,  alegando que hay violación de derechos humanos. “Si estos señores, por cometer asesinatos y actos de vandalismos, se les llama presos políticos, ¿qué queda para nosotros? (…) Perdimos hijos, madres, esposos, tenemos compañeros que quedaron lesionados de por vida,  que perdieron extremidades, y a ellos no hay quienes les tome en cuenta”.

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Luis Durán, padre deElvis Durán

“Pedimos a las autoridades y a ustedes la mayor colaboración, para que estos señores puedan ser enjuiciados y castigados como se lo merecen, porque fueron 43 venezolanos que cayeron por su llamado a la violencia política”, solicitó Durán a los asistentes.

Desiree Cabrera es una de las madres quien lleva todos los días a su hija a la Casa de Cuna ubicada en el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Habitat, que fue atacada por las guarimbas el año pasado.

Destacó que, durante las protestas violentas ocurridas el año pasado, “fueron asesinados 9 funcionarios de la Policía y de la Fuerza Armada Nacional y un fiscal de la República. De las 43 personas fallecidas, solo cinco fueron por causa de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional y estas personas ya están siendo procesadas; muchas ya tiene su condenas“.

Resaltó que “38 personas fallecieron producto de estos grupos terroristas que se encargaban de colocar barricadas en las vías para imposibilitar el paso a las personas. Grupos que utilizaron armas de fuego, bombas molotov, producto de ellos personas perdieron sus extremidades por estas bombas caseras”, afirmó.

“El Comité exige que se aceleren todos los procesos de investigación y disciplinarios contra estos responsables materiales e intelectuales, y que se apliquen las sanciones. Actualmente vemos que las autoridades están recibiendo presiones políticas y mediáticas. Estos personajes piden que se liberen a los supuestos presos políticos, que para nosotros son delincuentes que incitaron a la violencia y le vulneraron los derechos humanos a muchas personas”, aseguró Cabrera.

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Desirée Cabrera

La joven madre consideró que la situación de las víctimas es invisibilizada por quienes responden a los intereses de los implicados. Contó que, por ejemplo, ese mismo sábado habían ido a la Defensoría del Pueblo a pedir mayor celeridad. Y, aunque habían avisado a toda la prensa, sólo asistieron los medios del Estado. “Pero para la convocatoria que hizo la esposa de Leopoldo López a la marcha tenía treinta micrófonos de todos los medios privados”, criticó.

Este ocultamiento también se observa en el ámbito internacional. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha negado la audiencia; sin embargo, a cada rato emite informes donde aboga por la liberación de estos líderes políticos que están privados de libertad por todos estos delitos que han cometido”, explicó Cabrera.

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Asistentes al foto

El objetivo fundamental del comité de víctimas de las guarimbas del 2014, “es buscar la justicia, que no haya impunidad y divulgar la verdad”. Desirée finalizó su intervención pidiendo a los presentes su solidaridad uniéndose a ellos y ayudándoles a difundir la verdad, ya que la derecha se ha encargado de ocultar la realidad ante los organismos internacionales como la el Parlamento Europeo , la Comisón Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.

Durante febrero, marzo y abril de 2014, cuarenta y tres personas murieron a causa de acciones directas producto de las guarimbas: disparos, accidentes de tránsito, infartos, guayas, golpes. A pesar de que las miradas interesadas centraron las acusaciones en el Gobierno nacional, sólo en 5 de esos casos están implicados oficiales de las distintas fuerzas de seguridad del Estado, quienes —según informaron desde el Comité— están siendo procesados o ya fueron condenados por la justicia. En cambio, fueron 9 las víctimas mortales que pertenecían a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana o al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

“Estos hechos de violencia ocurrieron gracias al llamado que hicieron líderes políticos de la derecha que no están de acuerdo con el Presidente de la República, electo constitucionalmente. No están de acuerdo, pues, con la voluntad popular que eligió al Presidente. Y lo que buscaban, y siguen buscando, es romper el hilo constitucional y derrocar al Presidente”, expresó Cabrera.

Frente al pedido de figuras políticas nacionales e internacionales para dejar en libertad a Leopoldo López y a Daniel Ceballos, familiares y damnificados aseguran que estos dos hombres son los autores ideológicos de la violación al principal derecho humano, el de la vida.

“Aquí hay padres que no pueden ver a sus hijos porque fallecieron producto del llamado que ellos hicieron a la violencia. Ellos dicen que se está degradando al señor Ceballos porque le cortaron el cabello; nosotros decimos que tenemos lesionados que perdieron sus extremidades y no las pueden recuperar”, ejemplificó la integrante del Comité.

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Aldemaro Barrios, de la Comisión por la Justicia y la Verdad

En este sentido, Aldemaro Barrios, de la Comisión por la Justicia y la Verdad, hizo un llamado de atención sobre cómo referirse a los manifestantes de la derecha. “No son subversivos, ni insurgentes, son fundamentalmente contrainsurgentes. Eso hay que tenerlo claro porque hay una diferencia política, epistemológica, incluso, notable”, aseguró Barrios.

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Aldemaro Barrios, de la Comisión por la Justicia y la Verdad

La Comisión por la Justicia y la Verdad es un Órgano descentralizado del Consejo Moral Republicano, que tiene por objeto investigar y contribuir al esclarecimiento de la verdad en las víctimas del terrorismo de Estado por motivos políticos, en el período 1958-1998. Barrios hizo un completo resumen del trabajo de la Comisión en las investigaciones sobre los desaparecidos y las víctimas de violencia política en el período de la historia venezolana conocido como la Cuarta República.

México: Un país sobre fosas comunes

“Nuestros hijos acababan de ingresar al primer año de la Normal Isidro Burgos”, relataron los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, en una carta leída por Jesús Franco, militante del Comité de Solidaridad con Ayotzinapa, durante el conversatorio.

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Jesús Franco, militante del Comité de Solidaridad con Ayotzinapa

Según cuentan los “padres de familia”, como se conoce a los familiares, el 26 de septiembre de 2014 un grupo de jóvenes de esa escuela rural formadora de maestros, fueron detenidos y reprimidos por las “fuerzas del orden” del estado de Guerrero. Producto de la agresión, perdieron la vida tres estudiantes, un jugador de fútbol cuyo equipo regresaba de disputar un partido, el chofer que conducía a los jugadores y la pasajera de un taxi.

Ya en los hospitales, militares del Batallón 27 de Iguala expulsaron a los jóvenes que se encontraban pidiendo ayuda. Son los 43 normalistas que aún continúan desaparecidos.

Convencidos de que la justicia de su país balancea siempre para un mismo lado, los familiares de las víctimas y sobrevivientes de aquella violenta jornada han pedido el apoyo al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para analizar las pruebas suministradas por la Procuraduría General de la República (PGR).

Gracias al apoyo de los forenses argentinos, “se logró ir desechando cada una de las pruebas que el Gobierno Federal implementaba, diciendo que estaban muertos o que estaban en fosas comunes. Entonces, se empieza a destapar la cloaca, porque empiezan a aparecer más de mil fosas de 15 a 40 personas cada una. Estamos hablando de que salieron más de 20.000 cadáveres. Nadie sabe quiénes eran”, sostuvo Jesús Franco.

El próximo 26 de junio realizarán la campaña “43 x 43”, que simboliza un homenaje de vida a los 43 normalistas por 43 horas seguidas. La manifestación, desde la noche del viernes 26 al domingo 28, constará de actividades culturales y políticas. Para ese día, piden el acompañamiento de todos los países mediante los medios de comunicación y las redes sociales.

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Jesús Franco

“Los padres siguen en su lucha, siguen firmes. Y quiero decir que el movimiento de Ayotzinapa y los padres, sobre todo, son el gran pegamento de la unión que se está realizando en México entre todas las fuerzas políticas, sociales, culturales, feministas, sindicales, toda la sociedad civil, hay un concepto de solidaridad y de molestia contra el Estado”, aseguró el vocero.

Aunque este hecho ha despertado la atención de los mismos mexicanos y el repudio de los pueblos hermanos, Franco destacó que lo sucedido en Ayotzinapa no es un hecho aislado, sino la política repetida de unos Gobiernos que cambian de nombres, pero nada hacen contra la violación sistemática a los derechos humanos.

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“A partir de la guerra que se le hace al pueblo, bajo el supuesto ataque al narcotráfico, a la fecha llevamos 150.000 muertos en alrededor de cuatro años y medio, tenemos más de medio millón de gente desplazada”. Además, de acuerdo a las ONG y organizaciones de derechos humanos, en el país hay cerca de 30.000 desaparecidos, la misma cantidad que durante la dictadura militar de Argentina, pero, en el caso de México, bajo el escenario de la democracia.

En Venezuela, fueron 43 los muertos a causa de las guarimbas. Los 43 normalistas representan a los miles de mexicanos desaparecidos en los últimos años. En el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, una pregunta quedó flotando: ¿A qué Gobierno debería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pedir explicaciones y acciones para garantizar el derecho a la vida?

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