Investigadores dicen que la historia insurgente también necesita una catalogación insurgente

12 mayo, 2015

ARCHIVO-GENERAL1Jorge Berrueta y Aldemaro Barrios, del Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Historia, plantean “volver sobre los documentos” disponibles, hacer una relectura “y ampliar la descripción que se ha utilizado para ubicar esa información”

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Correo del Orinoco (Vanessa Davies / Fotos: Ángel Dejesús)

En el Archivo General de la Nación (AGN) resulta difícil no ponerse solemne. Jorge Berrueta, historiador y máster en ciencias de la información que forma parte del equipo del AGN, enseña -con los guantes puestos- el libro sobre el asesinato de Antonio José de Sucre que recoge las pesquisas vinculadas con el crimen perpetrado en junio de 1830; muestra con orgullo al Correo del Orinoco otros documentos, tales como el Libro de Acuerdo de los Oficiales Reales, un manuscrito que data de 1535 y que está conservado y a disposición de quien precise examinarlo.

Aldemaro Barrios, investigador del Centro Nacional de Historia y de la Comisión por la Justicia y la Verdad (que indaga en los crímenes del Puntofijismo), comparte con Berrueta la intención de arrojar luces sobre hechos que hasta hace poco estuvieron a oscuras, como los ocurridos entre 1958 y 1998. Pero lo que historiadores como Pedro Calzadilla, Luis Pellicer y Enrique Nóbrega han denominado como la historia insurgente también necesita una catalogación insurgente, señalan Berrueta y Barrios. Es decir, disponer de códigos de búsqueda que permitan que un papel de gran importancia no quede oculto bajo un nombre anodino o que no lo describe realmente.

RELECTURA DE LOS PAPELES

ARCHIVO-GENERAL-1

Correo del Orinoco

Como parte de la formación en memoria colectiva en la universidad politécnica Andrés Eloy Blanco, Berrueta relata que hicieron varias prácticas para que las y los jóvenes hicieran búsquedas sobre temas contemporáneos en el AGN y en la Biblioteca Nacional. ¿Qué encontraron? Por una parte, la ausencia de documentos que todavía están en otros espacios; y por otra parte, la catalogación. “Si hablamos de una historia, de la construcción de una historia insurgente, eso tiene que ir de la mano con una catalogación insurgente”, enfatiza.

Ello implica que el archivo y la biblioteca “necesitan adaptar sus instrumentos de recuperación de la información a estos vocabularios, a estas temáticas”, precisa. No quiere decir eliminar lo existente, sino “ampliar la información y la noción de los contenidos informativos de las instituciones”.

-¿Qué habría que cambiar en el Archivo General de la Nación? ¿Qué habría que cambiar en la catalogación?

-En nuestro caso lo que hemos planteado es que hay que volver sobre los documentos, hacerles una nueva relectura y ampliar la descripción que se ha utilizado para ubicar esa información. Es ampliarla, no estamos planteando aquí eliminar el trabajo preexistente porque de alguna u otra manera lleva a una información.

Con base en su experiencia, puntualiza que debe quedar muy claro de qué se trata cada descripción incluida en un catálogo: “Lo que estamos planteando es que en estos casos, donde estamos observando el fenómeno de esa insurgencia, de esos excluidos históricamente hablando, es importante que nosotros avancemos a ampliar al descripción que ha existido para incluirlos también por esa vía”.

INVESTIGAR MÁS

Barrios evalúa que se necesita más investigación sobre la insurgencia en el Puntofijismo y asegura que en la interpretación de lo que ocurrió en ese periodo se encuentran los insumos “para poder entender qué está pasando hoy con la nueva doctrina o la reformulación de la doctrina de seguridad y defensa a partir del año 2000”.

Los mismos términos de insurgencia y contrainsurgencia han sido construidos por EEUU, acota. “Desde los años 50 empezaron a diseñar, bajo el esquema de la Guerra Fría, la percepción sobre quienes se levantaban contra el status quo, y en esa lucha del anticomunismo ellos encontraron la categoría de contrainsurgencia para rebatir a la insurgencia”.

Insurgente, según esta visión, podría ser casi sinónimo de bandolero y maleante. “Aquí hemos tratado de reivindicar el tema insurgente como el que transforma en función de la justicia social”.

Pero incluso con la dinámica insugencia-contrainsurgencia, el investigador propone evaluar todo lo que hay disponible. “Hay muchas cosas que no se han dicho; fue una época, desde el punto de vista historiográfico, silenciada porque los intereses políticos no estaban inclinados a que ello se estudiara”.

La historia de lo sucedido entre 1958 y 1998, especialmente en la épica de la guerrilla, no se asumió “como parte de la comprensión” y del estudio en las escuelas. Hubo esfuerzos, reconoce Barrios, como el de la Cátedra Pío Tamayo y el profesor Agustín Blanco Muñoz. No obstante, todavía “quedan muchos documentos por compilar, muchos documentos que incuso tienen categoría de clasificados”.

Del trabajo de la Comisión por la Justicia y la Verdad hay “unos hallazgos interesantes en el caso de los manuales y de procedimientos”, ya que han podido trabajar -con el apoyo de la fiscal Luisa Ortega Díaz- directamente con documentos de las Fuerzas Armadas de la época.

Los trabajos han permitido constatar que hubo órdenes directas de EEUU a las Fuerzas Armadas venezolanas en materia de contrainsurgencia. Además, apunta Berrueta, no se puede olvidar que los estadounidenses tenían oficinas, incluso, dentro de Fuerte Tiuna. Por ende, agrega, influenciaron “buena parte de la política de seguridad y defensa”.

PRESERVAR LAS FUENTES

Imagen-1A1Tal como lo comenta el historiador, “todo esfuerzo que se haga por reconstruir o tratar de reconstruir la memoria colectiva de esos procesos de insurgencia contemporánea, relacionados con el tema de la insurgencia guerrillera, la insurgencia urbana, las luchas campesinas, obreras y estudiantiles, pasa también por preguntarnos donde están las fuentes para el estudio, comprensión, análisis de esos procesos”.

-¿DÓNDE ESTÁN?

-Precisamente muy buena parte de esas fuentes siguen estando en instituciones del Estado; es decir, siguen estando bajo un carácter administrativo, incluso cuando ya, desde el punto de vista legal, muchas de esas fuentes ya han perdido su calidad de administrativas y pudieran ser, en determinado momento, objeto de valoración histórica y documental para evaluar su potencial para el estudio de esos procesos históricos.

Los documentos son fundamentales “para fortalecer los estudios históricos que existen en el país, y de alguna u otra manera apoyar a que la memoria de lo que ocurrió durante estos procesos de insurgencia contemporánea no se pierda”.

Berrueta advierte que “lo que no resguarde el Estado en sus instituciones de memoria colectiva, como Biblioteca Nacional o Archivo General de la Nación, no pasó” y por ello insiste en que se debe actuar para “resguardar esas fuentes para el futuro” y para la investigación del presente.

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