Defensora del Pueblo: De los 21 muertos, 15 han ocurrido por violencia de focos opositores, barricadas, guarimbas y trampas (+Video)

La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, puntualizó este sábado que en Venezuela ha habido focos de violencia hace casi un mes en 18 municipios del país, de clase media y media alta, con obstrucción de vías y destrucción del patrimonio público. En estos hechos, promovidos por grupos de la ultraderecha venezolana, ha habido 21 fallecidos. “Cuatro casos están siendo investigados por la presunta participación o actuación irregular de funcionarios uniformados del Estado, diez han sido víctimas fatales de ‘guarimbas’, ya sea por causas accidentales o violencia deliberada dentro de esos grupos o focos, y hay cinco muertos por violencia de esos grupos o focos”, explicó.

Texto: AVN y Alba Ciudad

Ramírez presentó este sábado el informe de su despacho sobre la violencia reciente en sectores de Venezuela, que responde a una agenda desestabilizadora, tal como han denunciado las autoridades.

“No podemos llamar manifestantes a grupos que están delinquiendo y que además han provocado muertes comprobadas, degollamientos y personas que intentaban retirar escombros abaleadas”, dijo en rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión.

Puntualizó que en el país hay 20.000 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) distribuidos para preservar el orden público, que han hecho uso progresivo de la fuerza física, dada la ausencia de un mecanismo de mediación. En ese escenario, la Defensoría ha recibido 44 denuncias relacionadas con la vulneración del derecho a la integridad física.

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Resaltó que en Venezuela hay un marco constitucional y legal que se aleja de la represión, que incluye la prohibición de contener manifestaciones públicas con armas de fuego y resoluciones sobre el uso progresivo de la fuerza física.

Ramírez, informó que esta institución ha corroborado la existencia de trampas mortales en algunas de las guarimbas levantadas por algunos grupos en el país. Se ha evidenciado el levantamiento de tanquillas y alcantarillas en las vías, lo que provocó la muerte a un venezolano y ha causado daños a vehículos. Asimismo, habló sobre la colocación de alambres a la altura de 1,20 metros del suelo.

Comentó que en algunos puntos donde se han levantado las guarimbas se han decomisado bombas caseras, hechas con botellas llenas de gasolina, tapadas con trapos. “No podemos calificar como protestas, tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre, tenemos que hablar de focos de violencia o vandalismo contra bienes públicos”, expresó la defensora, al presentar un informe preliminar sobre las acciones violentas que se han registrado en el país y que han dejado como resultado 21 personas fallecidas.

Denuncias de torturas deben corroborarse

Consultada sobre presuntos casos de tortura, Ramírez, puntualizó que este viernes recibió un material de la organización Foro Penal en ese sentido, que consignará a la Comisión sobre la Tortura para hacer el análisis. Sin embargo, la Defensora explicó que no todos los casos que le han sido entregados califican desde el punto de vista legal como torturas, sino que pueden tratarse de otros delitos que también serán investigados y castigados, pero que la Ley venezolana trata de forma distinta.

La tortura tiene una definición legal, que la Defensora explicó. ”Nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos: la tortura se emplea para infringir sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión, y tenemos que diferenciarla de lo que es un trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza”. La Defensora explicó que, si en el momento del arresto un efectivo de seguridad golpea a un joven o arremete contra él, eso no se considera tortura desde el punto de vista legal, sino que califica como otros delitos: “trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza”. En cambio, “la tortura tiene un sentido”: el perpetrador busca obtener una confesión.

Indicó que, “sobre la base de si es tortura, o si es trato cruel, inhumano o degradante, se establece la entidad de la pena y la proporcionalidad del castigo. Por eso es tan importante que seamos rigurosos con la referencia a este tipo de denuncias”. Es importante destacar que, en cualquier sistema judicial, el realizar una acusación equivocada usando términos erróneos puede llevar a que el acusado sea declarado inocente y puesto en libertad.

Estas palabras, sin embargo, fueron manipuladas por la prensa local, que tergiversó sus palabras para hacer ver que la Defensora estaba justificando las torturas (ver artículo).

”Nosotros rechazamos y vamos a investigar cualquier uso desproporcionado de la violencia física. Y lo rechazamos. Y queremos que se aplique la justicia de manera proporcional”, dijo Ramírez de forma enfática.

Ramírez refirió que igualmente hay denuncias, por ejemplo, de una paciente oncológica que no ha podido ir al sector de Los Ruices, en el este del Área Metropolitana de Caracas, durante tres semanas para retirar sus medicamentos; o personas que han muerto porque les es imposible llegar a centros asistenciales debido a las obstrucciones de las vías por parte de los grupos violentos.

Estado de derecho en pleno

La Defensora resaltó que en Venezuela hay un Estado de derecho en pleno funcionamiento y que su despacho tiene el principal ánimo de que se conozcan los excesos en el uso de la fuerza física que se hayan producido y que se penalice a sus autores, de manera justa y proporcional.

Por eso instó a cualquier afectado a denunciar y tener confianza en que cada caso será conocido por el sistema judicial. Asimismo, enfatizó que toda esta ola de violencia se produce en el contexto de una convocatoria de voceros de derecha. “Las convocatorias deben estar hechas bajo los parámetros de la legalidad. No podemos hacer una convocatoria que llame a la violencia o pueda derivar en una lucha fraticida”, advirtió.

Defensoría activa

Ramírez informó que la Defensoría del Pueblo tiene 800 servidores públicos activados en 33 sedes en el país, en torno a las averiguaciones sobre la violencia. Estos funcionarios trabajan en materia de derechos colectivos y difusos con visitas a centros de salud, de detención, corroboración de información en sedes judiciales y mediación en conflictos.

Detalló que desde el inicio de la violencia, a principios de febrero, han recibido “44 denuncias por el derecho a la integridad física. Les estamos haciendo seguimiento”.

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