Acusado por la Fiscalía presunto homicida de dos personas en La Limonera durante guarimbas convocadas por Capriles

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El presidente Maduro durante el funeral de  José Luis Ponce

El Ministerio Público anunció, a través de un comunicado, haber acusado a Carlos Omar Serrano López (36), por su presunta vinculación con la muerte de José Luis Ponce (45) y de Rosiris Reyes (44), ocurrida en el sector La Limonera, municipio Baruta del estado Miranda, durante los hechos de violencia del pasado 15 de abril, un día después de la reciente elección presidencial, luego de que el candidato opositor Henrique Capriles convocara a manifestaciones.


Texto: Alba Ciudad y Prensa MP

Indica el comunicado de la Fiscalía que “los fiscales 55º del Área Metropolitana de Caracas y auxiliar, Miguel Hernández y Gabriela Barrera, respectivamente, acusaron a Serrano López por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal”.

Los fiscales requirieron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de Serrano y que se mantenga la medida de privación de libertad contra el hombre, quien permanece recluido en la Comunidad Penitenciaria de Coro.

Es oportuno recordar que el pasado 15 de abril, en horas de la noche, Ponce y Reyes se trasladaban a bordo de dos motos por el sector El Triángulo de Monterrey y se dirigían hacia la urbanización La Limonera. Serrano López se encontraba en el mencionado sector junto a un grupo de personas que manifestaba por los resultados electorales, cuando presuntamente efectuó varios disparos. Ponce recibió un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte de manera inmediata, mientras que Reyes resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde murió dos días después.

Ante las diligencias de investigación, Serrano López fue detenido en la madrugada del 19 de abril por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Cagua, estado Aragua, en atención a una orden de aprehensión existente requerida por el Ministerio Público y acordada por la mencionada instancia judicial.

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